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Crónica | Juicio contra la oposición al TAV

De Urbina al banquillo: la Ertzaintza repartió los golpes y es la acusación

Los detenidos en la marcha anti-TAV de Urbina hace más de dos años se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Araba. Los imputados tuvieron la opción de defender su inocencia y denunciar la «brutal» actuación de la Ertzaintza.

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Ion SALGADO

La Audiencia Provincial de Araba acogió ayer el inició del juicio penal contra los seis opositores al TAV detenidos durante el transcurso de una marcha celebrada el 17 de enero de 2009 en la localidad alavesa de Urbina. 34 meses después de ser detenidos, tuvieron la oportunidad de dar su versión de lo ocurrido ante un tribunal, un relato que dista mucho de la lectura realizada por la Fiscalía, que solicita penas de prisión para cinco de los imputados.

La jornada comenzó fuera de los juzgados. Desde las 9.00, decenas de personas se agruparon frente al Palacio de Justicia de Gasteiz. Entre los presentes destacaba la presencia de los acusados, que a las 9.15 entraron al interior del edificio. En ese mismo momento, integrantes de la plataforma AHT Gelditu! Elkarlana desplegaban una pancarta en solidaridad con sus compañeros.

Una vez dentro de la sala, los abogados de los implicados y la Fiscalía tuvieron su primer cara a cara. Sin la presencia de los imputados, los letrados trataron de alcanzar un acuerdo con la portavoz del Ministerio Fiscal. Una hora después, Onintze Oleaga, representante legal de Pablo Remírez, abrió la puerta de la sala y dio cuenta de la consecución de un acuerdo para su cliente.

A continuación, quienes se movilizaban en el exterior comenzaron a tomar asiento en la sala. Allí, Remírez, que se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión por un delito de «atentado a la autoridad» y otro de «desordenes públicos», tomó un bolígrafo y ratificó el acuerdo: un año de cárcel por «atentado a la autoridad» y una indemnización de 815 euros al agente de la Ertzaintza perjudicado por la supuesta agresión.

A renglón seguido, la jueza encargada del proceso decretó la suspensión de la pena durante dos años. Esta paralización está supeditada al comportamiento futuro de Remírez, que deberá cumplir la pena si incurre en algún delito durante el tiempo estipulado.

Con la resolución de la situación personal más grave dentro del amplio abanico de acusaciones vertidas contra los imputados, los cinco detenidos comenzaron a detallar, uno por uno, su versión de lo sucedido durante los momentos previos a su arresto, no sin antes escuchar la versión de la Fiscalía, basada en el atestado tramitado por la Ertzaintza.

Según la fiscal, los seis imputados no participaron en una marcha reivindicativa, sino en una revuelta «organizada» que tenía por objeto «atentar contra la paz pública». Es más, en el informe elaborado por la acusación, siempre en referencia a lo expresado por la Ertzaintza, los participantes en la protesta portaban silbatos con los que «indicaban a los integrantes de cada grupo los movimientos a realizar».

Esta versión fue rechazada por todos los acusados, que explicaron que los silbatos fueron utilizados durante el transcurso de la manifestación como forma de protesta. Además, todos recordaron que la supuesta protesta «organizada» nació de manera «espontánea». Este planteamiento fue defendido por los diferentes testigos de la defensa, que afirmaron que la decisión de subir sobre el montón de tierra -«plataforma por la que transcurren las vías» en palabras de la fiscal- fue el resultado de un acto «espontáneo», una acción de desobediencia pacífica con la que mostrar su rechazo a la construcción del TAV.

Contradicciones

Durante las declaraciones, la fiscal afirmó que entre los presuntos cabecillas de los grupos promotores de la sentada pacífica se encontraba Aitor Aspuru, un joven laudiotarra que se enfrenta a dos años de prisión por un delito de «desorden público».

No obstante, el propio Aspuru afirmó no haber tomado parte en la sentada, ya que cuando accedió a la campa aledaña pudo ver a la Ertzaintza cargando contra los manifestantes congregados en cima del terraplén. En cuanto a su detención, el joven ecologista detalló que la Policía autonómica le hizo bajar de un vehículo y, sin mediar explicaciones, procedió a su arresto.

En palabras del agente encargado de la detención, Aspuru se encontraba en un coche utilizado para trasladar a la gente que tomó parte en la sentada y subrayó que el detenido había sido identificado como uno de los organizadores de la protesta. Sin embargo, en el interior de la sala, el agente, que portaba gorra y gafas de sol, fue incapaz de reconocerle.

Por otro lado, el ertzaina autor de la detención señaló que la zona en la que se produjeron los arrestos y las cargas policiales estaba cercado con una valla metálica naranja, similar a la utilizada en los núcleos urbanos. Esta versión fue defendida por el responsable del operativo, pero rechazada por el agente encargado del visionado de las imágenes grabadas durante la actuación policial.

Ésta no fue la única contradicción en la que incurrieron los ertzainas que comparecieron ante el tribunal. Así, Justo Arriola y Julio Villanueva, los dos únicos detenidos encima del terraplén, rechazaron que los agentes presentes en la carga policial solicitaran por megafonía la dispersión de los allí congregados, una idea defendida por el ertzaina encargado de detener a Aspuru.

Según explicó éste, los superiores encargados del operativo portaban altavoces para ordenar la retirada de los manifestantes. Sin embargo, el responsable presente en la sala, autor de las detenciones realizadas sobre el montículo, negó la utilización de megáfono alguno. Tal como afirmó, este instrumento hubiera sido «lo que menos falta» le hubiera hecho en medio de la «batalla campal» que se libraba en la zona.

Aplazamiento

Tras cuatro horas de declaraciones, la jueza decretó un receso para poder conversar de nuevo con los letrados. Pasados veinte minutos, los abogados de la defensa anunciaron el aplazamiento del proceso hasta la próxima semana. El viernes 14 de octubre se procederá al visionado de los videos grabados por la Ertzaintza.

Estos videos fueron impugnados como prueba al inicio de la sesión de ayer por los tres abogados que conforman la defensa, que durante todos estos meses no han tenido acceso a los mismos. Será en la segunda jornada cuando tengan la oportunidad de verlos, ya que la jueza optó por no desestimarlos.

Dos versiones contrapuestas frente al tribunal

Las versiones en torno a la sucedido en Urbina el día 17 de enero de 2009 cambian en función de quien las exponga. Si se pregunta a cualquiera de los encausados en la vista oral iniciada ayer, la respuesta pondrá de manifiesto la «brutal» actuación de la Ertzaintza. Si en cambio se realiza la misma pregunta a los agentes de la Policía autonómica, éstos afirmarán que, como paso previo a las cargas policiales, se trató de dispersar a las personas congregadas en la protesta contra el TAV.

Además, depende qué agente conteste a la pregunta, la protesta contra el macroproyecto ferroviario pasa de ser «pacífica» a ir acompañada de piedras contra los dispositivos policiales desplegados.

Entre los seis detenidos, las historias del día 17 de enero de 2009 son diversas y variadas, aunque no contradictorias. Por ejemplo, Ekaitz Lotina recuerda que le propinaron un puñetazo antes de detenerlo, agresión que tuvo como consecuencia su traslado a urgencias.

Julio Villanueva fue golpeado por estar sentado en la parte alta del terraplén levantado en Urbina, mientras que Justo Arriola fue detenido al tratar de parar la agresión sobre el primero. Un ataque que, en palabras del responsable policial a cargo del operativo, se realizó con material «defensivo».

Imanol Madariaga y Aitor Aspuru fueron arrestados en las inmediaciones de Urbina, mientras regresaban al pueblo. Puede que ambos fueran detenidos por estar manchados de barro, ya que uno de los agentes que testificó ayer frente al tribunal reconoció que, entre los motivos aceptados para proceder al arresto, figuraban las manchas de barro que salpicaban la ropa de los jóvenes. Un hecho que constituye, en palabras del agente, un «indicio razonable» para ejecutar al arresto.

En el caso de Pablo Remírez, el acuerdo firmado con la Fiscalía convierte a éste en culpable de agresión contra un agente de la Ertzaintza, delito por el que tendrá que abonar una cuantía de 815 euros. Cabe señalar que la firma del texto traía consigo el silencio de Remírez, que no testificó junto al resto de implicados.

A estas versiones se les deben sumar las de las 1.599 autoinculpaciones recogidas por la plataforma AHT Gelditu! en solidaridad con los encausados, que tendrán que esperar hasta el día 14 para poder presentar su alegato final.

Hasta entonces hay tiempo para recordar los hechos que tuvieron lugar hace 34 meses en Urbina, cuando una manifestación contra el TAV concluyó con una sentada pacífica sobre un terraplén y una carga policial contra las decenas de personas que se encontraban en la campa aledaña. La intervención, que se saldó con seis detenidos y 197 identificados, finalizó con el sonido de las ambulancias desplegadas para ayudar a los heridos. I.S.

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