El Parlamento de Gasteiz ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley del PSE para la modificación de la Ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias que fija sanciones para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas, como atender y rotular en euskara y castellano.

La propuesta presentada por el PSE, que plantea la supresión de los mecanismos sancionadores, ha sido respalda por PP y UPyD, mientras que el resto de formaciones se ha posicionado en contra. Con la toma en consideración, la Cámara iniciará el trámite correspondiente para que los distintos grupos planteen sus propuestas al respecto.

Las multas para las empresas que no cumplan obligaciones lingüísticas pueden oscilar entre 3.000 y 600.000 euros, según la ley vigente, de 2003. Un decreto de 2008 desarrolló esta ley.

El parlamentario del PSE Vicente Reyes criticó que el anterior gobierno del PNV «rompiera el consenso lingüístico» y reclamó «la libre adhesión, rechazando la imposición».

Iñaki Oyarzábal, del PP, expresó su apoyo a la iniciativa al considerar que modificar esta ley es «una necesidad» y una reclamación que su partido incluyó en el pacto con el PSE. Además, acusó a los grupos que se oponen a la reforma de la ley de «ampararse en falacias y posiciones que mantienen determinados grupos de talibanes del euskera que son absolutamente una rémora para este país».

«¿Quiénes son los de Kontseilua?, ¿qué legitimidad tienen ellos que viven del dinero público?», preguntó Oyarzábal.

La parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal destacó que quienes impulsan la modificación «hablan de un problema que no existe porque hasta ahora no ha habido ninguna sanción» y subrayó que el debate no es si poner o no sanciones sino proteger los derechos lingüísticos de los consumidores, «que darán un paso atrás».

Juanjo Agirrezabala, parlamentario de EA, calificó de retroceso la propuesta y preguntó a Oyarzábal «si se ayuda a la convivencia cuando define de antemano que quienes plantean la defensa de los derechos lingüísticos son talibanes».

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe no participó en el debate, pero recordó que la Constitución española impone a la ciudadanía el conocimiento del castellano.