La alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota (UPN), ha presentado un recurso al Tribunal Administrativo de Nafarroa para no asumir la bajada del 8% en su sueldo. Esta medida de ajuste fue aprobada, en un pleno celebrado en julio, a iniciativa del PSN y con el respaldo de Bildu. El recorte salarial no sólo afecta a la alcaldesa, sino a todos los concejales, que son 17 en esa localidad. En concreto, Sota pasaría de cobrar 44.000 euros a 38.640.

PSN y Bildu reconocieron que han tenido constancia del recurso a través de la prensa y se reiteran en que el recorte es necesario.

Esa desinformación ha generado una situación kafkiana dentro del Ayuntamiento, ya que los grupos desconocen si Sota ha empleado los servicios jurídicos del Consistorio para redactar su demanda. En principio, desde Bildu consideran que lo lógico es que esos funcionarios defiendan el acuerdo tomado por el Pleno, «pero aún no sabemos si están con nosotros o con Sota». Si estos servicios son los que han redactado el recurso, la oposición podría defender la legitimidad del recorte a través de la Secretaría, que avaló la validez de la medida.

El salario de la alcaldesa

Cristina Sota se agarra a cuestiones «de forma». Según ella, sólo la Alcaldía tiene derecho a llevar propuestas a pleno (algo parecido a la polémica suscitada en torno al Teatro Gayarre en Iruñea). Ahora, el TAN requiere al Ayuntamiento que elabore un expediente sobre el caso.

En cifras gruesas, el recorte del salario de los electos vendría a suponer unos 20.000 euros anuales. Ademas, el PSN afirma que los recortes deberían haberse hecho efectivos hace dos meses, pero la bajada únicamente se ha practicado a los ediles, mientras que la alcaldesa (que es economista) mantiene su sueldo igual que antes de la rebaja.

Ésta es la segunda polémica protagonizada por Sota, que gobierna Tafalla en minoría (7 concejales de 17) en apenas unas semanas. Acaba de ser reprobada por defender al ex edil de Urbanismo Míchel Bañeros, quien se vio obligado a dimitir después de conocerse las ilegalidades cometidas en una finca de la que es copropietario.

Cabe remarcar que el gasto que supone mantener a la alcaldesa liberada no es sólo de 44.000 euros, ya que también se le paga la Seguridad Social (11.592 euros) y más de 5.000 euros anuales en dietas y gastos de representación. En 2010, ya se le recortó el sueldo un 7%.