Movimientos en el escenario político vasco
Jáuregui alega sobre el plan de Ajuria Enea que «lo no escrito no existe»
El ministro, en su día representante del PSOE en la Mesa, no niega la hoja de ruta revelada por Ardanza, pero afirma que la que vale es la de López
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA
Los firmantes del Acuerdo de Gernika comparecieron ayer en Iruñea para hacer un llamamiento a participar en la manifestación que han convocado el 22 de octubre en Bilbo (17.00, La Casilla) bajo el lema «Euskal Herria konponbidea behar du».
Mattin Troitiño, en nombre de Etxerat, e Iratxe Urizar, en representación de Behatokia, reclamaron «una solución democrática para el conflicto político que vivimos en Euskal Herria, porque anhelamos la paz, porque necesitamos con urgencia un escenario de normalización política y porque el respeto a todos los derechos humanos es una necesidad de toda la sociedad vasca».
«Todos queremos una situación de paz permanente que no hemos conocido desde hace tiempo en Euskal Herria. Pero la paz y la normalización política son tan importantes, que no las podemos dejar en manos de nadie. La ciudadanía tiene que ser parte de este proceso de solución. Nosotros, la ciudadanía de Euskal Herria, tenemos que amparar e impulsar el proceso», destacaron.
Junto a ello, Troitiño y Urizar subrayaron ayer en Iruñea que «la normalización política y la pacificación que queremos traer a Euskal Herria tienen que ser verdaderas».
En este sentido, destacaron que los agentes políticos, sociales y sindicales que han firmado el Acuerdo de Gernika consideran que la solución tiene que tener unas características que consideran imprescindibles.
Solución integral y democrática
La primera de ellas es que sea un acuerdo de carácter integral, que abarque todos los elementos del conflicto y que responda a todas las causas del mismo hasta sus últimas consecuencias.
Asimismo, los firmantes del Acuerdo de Gernika subrayaron que la solución tiene que ser de carácter democrático y tiene que basarse en el respeto de todos los derechos y del derecho a decidir.
Junto a ello, Urizar y Troitiño destacaron que la solución no tiene que basarse en el reconocimiento de la existencia de vencedores y vencidos, «ya que una verdadera paz y normalización nos convierte a todos en vencedores frente al conflicto armado, a la imposición y a la discriminación».
Otra de las características de la solución que defienden los firmantes del Acuerdo de Gernika es que esté basada en el diálogo, «ya que el diálogo político y la negociación son las únicas herramientas que tienen garantía de éxito a la hora de resolver conflictos».
En esta línea, subrayaron que hay que alcanzar algunos hitos para llegar al estadio de la normalización política.
El primero de ellos es la mejora de las condiciones de los presos políticos vascos encarcelados en prisiones españolas. Así, reclamaron la liberación de los prisioneros que padecen enfermedades, que se suspenda inmediatamente la aplicación de la denominada doctrina Parot -que permite la existencia de la cadena perpetua encubierta-, así como traer a los presos políticos vascos a cárceles de Euskal Herria.
Asimismo, exigieron que se garanticen las condiciones que permitan que los presos políticos vascos puedan participar en condiciones adecuadas en el proceso.
Otra de los hitos de esa trayectoria es la legalización de todas las opciones políticas, tanto de Sortu como de cualquier otro agente o asociación que haya sido ilegalizado por cuestiones ideológicas.
Asimismo, exigieron la desactivación de los ataques, reclamando la paralización de todos los juicios políticos y la persecución contra cualquier persona.
Junto a ello, destacaron que impulsarán el reconocimiento de todas las víctimas.
Participación de la sociedad
Además de insistir en el llamamiento a participar en la manifestación del día 22 en Bilbo, destacaron la importancia de que toda la sociedad vasca tome parte en la reivindicación de la solución.
En este sentido, anunciaron que en la página web www.gernikakoakordia.net se habilitará un espacio para que la ciudadanía pueda enviar fotos y vídeos desde los diferentes pueblos y barrios de Euskal Herria con el lema «Herritarrok ere konponbidea nahi dugulako (Porque la ciudadanía también quiere la solución)».
«Los agentes políticos, sindicales y sociales que hacemos este llamamiento queremos que esta sea nuestra manifestación, la de toda la ciudadanía de Euskal Herria», subrayaron Urizar y Troitiño.
Lokarri presentó ayer el decimoprimer informe del Observatorio Social, en el que se recoge la percepción de que estamos en un proceso irreversible. Las recomendaciones para avanzar incluyen que el Ejecutivo de Patxi López presente «propuestas concretas para liderar este tiempo de oportunidades». Además, «ETA debe realizar una declaración de cese definitivo de la violencia, Sortu debe ser legalizada, debe crearse un mecanismo de diálogo y acuerdo para tratar temas esenciales para avanzar hacia una convivencia inclusiva y el Gobierno español debe garantizar de forma unilateral los derechos y libertades fundamentales de toda la ciudadanía sin excepción». GARA
Ramón Jáuregui volvió ayer a Lehendakaritza, esta vez como ministro de Presidencia. Allí hubo oportunidad de preguntarle por lo que José Antonio Ardanza recoge en sus memorias, en las que asegura que el Pacto de Ajuria Enea contenía una acuerdo no escrito de que una vez acabada la violencia de ETA, sus presos serían excarcelados. Respondió que «lo no escrito, no existe»
Ramón Jáuregui no estuvo entre los firmantes iniciales del Pacto ni entre los que llegaron a este acuerdo, que el portavoz de AP, Julen Guimón, pidió que no se hiciera público. En aquel tiempo era José María Benegas quien representaba al PSE. Pero luego fue durante años miembro de la Mesa de Ajuria Enea y vicepresidente de José Antonio Ardanza.
El ex lehendakari detalla en su libro de memorias que «para los casos en los que no hubiera delitos de sangre planteamos la concesión de indultos y la excarcelación inmediata de los penados». A continuación, desvela que «para los condenados por delitos de sangre se acordó que, en un plazo de tres a cinco años, todos fueran excarcelados y enviados a vivir en el exilio durante un tiempo, y que el Estado se hiciera cargo de su atención». El acuerdo contemplaba además que «tanto los indultados como los que algún día volvieran del exilio no deberían residir cerca de los lugares donde hubieran cometido sus atentados, a fin de evitar causar más dolor a sus víctimas y [para] no provocar situaciones contraproducentes».
Preguntado sobre este acuerdo, Ramón Jáuregui -por quien Ardanza muestra amistad y respeto en el libro- atajó la cuestión diciendo que «lo no escrito, no existe». El ministro de Presidencia manifestó que «lo que en el Pacto se contemplaba, en sus puntos 9 y 10, respondía mucho a la filosofía que el lehendakari presentó en el Parlamento la pasada semana. Si ETA abandona la violencia definitivamente y nos proporciona la seguridad de que la paz es irreversible, lógicamente propugna un camino de reinserción que la política penitenciaria debiera de contemplar».
A su entender, «eso está bien recogido» en el decálogo que presentó Patxi López, que «es bastante próximo a lo que inspiraba el espíritu del Pacto de Ajuria Enea». Llegó a decir que la propuesta hecha por el lehendakari es «una verdadera hoja de ruta para el futuro».
El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, había acudido a Lehendakaritza a firmar un convenio para que el BOE publique las leyes españolas también en euskara. Pero no fue el único ministro en reunirse ayer con Patxi López. También lo hizo dos horas antes el de Interior.
Antonio Camacho no habló en Lehendakaritza, sino en la delegación del Gobierno español en Gasteiz, tras reunirse con el delegado, Mikel Cabieces, y varios mandos policiales. El ministro declaró que «no está previsto ningún acercamiento masivo de presos». Exigió que ETA anuncie el fin de la lucha armada y «a partir de ahí, el Gobierno y el Parlamento que estén en ese momento decidirán cuales son las medidas que han de adoptarse».
En opinión de Camacho, las propuestas que hizo Patxi López «son importantes» y deben ser objeto de «reflexión». Frente a las críticas de las asociaciones de víctimas, Camacho defendió la legitimidad del lehendakari para hacer sus planteamientos, pero pidió que también las posiciones de las víctimas sean «tenidas en cuenta». I.IRIONDO
