La Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer con la unión de los votos del PSE y el PP la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que deberá ser ratificada en un pleno.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, llamó en su día al consenso para terminar con los casos de fraude en las ayudas sociales, pero el mismo no se ha trasladado a la sociedad vasca y sólo ha contado con el apoyo del PP.

Más de un centenar de colectivos sociales, sindicales y de representantes políticos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se encargaron de denunciar ayer, horas antes de la aprobación, que ese recorte «generará más pobreza y exclusión social» e hicieron un llamamiento para mantener, como ha anunciado la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Martín Garitano (Bildu), el apoyo a los más desprotegidos de la sociedad vasca, más en este proceso de crisis económica.

Dani Gutiérrez, Igor Mera y Sara Suárez, en representación del centenar de colectivos, pidieron al Gobierno de Patxi López que «dé marcha atrás» e «impida que se ratifique en el pleno del Parlamento esa modificación de la Ley de 2008 que pasa, con la modificación aprobada, de ser una apuesta por la protección y las garantías sociales, a ser un elemento de criminalización de la pobreza». En la comparecencia pública aseguraron que se movilizarán para intentar cambiar esta situación.

Ocho fueron los elementos que exigieron en su documento este centenar de colectivos de la sociedad vasca.

«Retirar el pacto suscrito (PSE-PP) y desechar la idea de aumentar los años de empadronamiento para acceder a la prestación social de la renta de garantía de ingresos», así como defender que «toda familia y persona en situación de vulnerabilidad tendría que ser atendida por el sistema».

«Primer empleo»

El manifiesto llama también a «declinar la idea de que las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos tengan que aceptar el primer empleo que se les ofrezca, bajo la subjetividad de la palabra `adecuado'». Entiende que «habría que estudiar las situaciones particulares y permitir el derecho del trabajador a negociar sus condiciones laborales de acuerdos a sus perfiles y currículum, así como de la formación recibida».

También reclaman «renovar y aumentar las ofertas de mejoramiento y formación profesional, sin menoscabo de las preferencias de la persona» y solicitan que se realicen «itinerarios personalizados que deben ser negociados, no impuestos, en vez de establecer planes y programas complementarios de trabajos comunitarios».

A la vez exigen que sean los trabajadores sociales los que tramiten esa renta, porque cada persona necesita «una tutela».

Menores de 23 años

También explican que es necesario que se amplíen las unidades de convivencia susceptibles de recibir ayudas por vivienda, que se incluya a menores de 23 años como destinatarios de la prestación y que se incluya como patrimonio «la propiedad de un bien inmueble distinto a la vivienda habitual, siempre y cuando el valor catastral no supere el patrimonio máximo permitido a cada unidad de convivencia».

Por último, reclamaron «el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos de las solicitudes».