Igor Arroyo, responsable de LAB en Nafarroa, e Isabel Artieda llamaron ayer a la clase trabajadora «a luchar colectivamente en contra de los recortes que el Gobierno foral ha previsto para las cuentas del próximo año». A juicio de la central sindical, «frente a los recortes es necesario responder en cada sector, como se está haciendo en la Enseñanza y Osasunbidea. Pero, además es imprescindible luchar colectivamente».

Para ello han convocado de lunes a viernes concentraciones y asambleas frente al Parlamento navarro a las 19.00 de lunes a viernes. Este mismo jueves 20 de octubre convocan a las 9.00 ante la Cámara foral bajo el eslogan «¡Que no aprueben el decretazo!».

Igor Arroyo e Isabel Artieda denunciaron que «el decretazo» del Gobierno foral, formado por UPN y PSN, supone «una grave agresión a la población navarra» porque «decreta que es incompatible recibir dos prestaciones o servicios sociales, aunque la persona lo necesite».

De esta manera -precisó Arroyo- se empeoran las condiciones de vida de las personas mayores, discapacitadas o con enfermedad mental, y de sus familias».

Los decretos determinan que «se alarga los tiempos de espera que deben soportar los pacientes en Osasunbidea, es decir el conjunto de la clase trabajadora». El sindicato abertzale rechaza esas decisiones drásticas del Gobierno foral de Yolanda Barcina porque «elimina 200 puestos de trabajo públicos, con la privatización del servicio de cocinas del servicio sanitario público, que sumado a los 700 que ya se perdieron el año pasado en Osasunbidea, y los 230 que se perderán en Educación, supone el mayor ERE en Navarra», precisó Isabel Artieda.

Además, la medida, según relató Igor Arroyo, «mutila las OPE previstas, estafando de esta manera a más de 12.000 personas que han dedicado tiempo y dinero a preparar los exámenes. Además abre la puerta a nuevos recortes en las oposiciones y, por lo tanto, en la plantilla del sector público».

LAB explicó que esta política de recortes afecta al conjunto de la clase trabajadora y acusa directamente al gobierno de coalición UPN-PSN de «eliminar recursos públicos para justificar privatizaciones, como se fija en en el Plan Moderna, diseñado y gestionado por UPN-PSN, Opus Dei, patronal, CCOO y UGT».

Igor Arroyo remarcó que estas medidas «generarán más paro» y «una mayor vulneración de los derechos sociales».