La reunión celebrada ayer en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), con sede en Gasteiz, finalizó sin acuerdo entre los representantes de las tres diputaciones en torno a las posibles modificaciones fiscales de cara al ejercicio 2012. Según indicó la Diputación de Gipuzkoa al término del encuentro, los representantes de los otros dos entes forales «no tienen voluntad de llegar a ningún acuerdo y están tratando de retrasar el tema».

Para la institución que lidera Bildu, en estos momentos «es imprescindible impulsar una reforma tributaria para alcanzar una mayor progresividad, esto es, que los que más tienen paguen más». En este camino, defiende la importancia, entre otras medidas, de recuperar el Impuesto de Patrimonio y aumentar los tramos más altos del IRPF.

En la reunión del OCT volvieron a ponerse estos temas sobre la mesa, así como «otras propuestas en la cuales la Diputación de Gipuzkoa pensaba que podía haber acuerdo», tales como las deducciones por los depósitos en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) o los impuestos sobre el ahorro.

Sin embargo, la Diputación guipuzcoana considera que sus homólogas de Araba y Bizkaia están tratando de dilatar el proceso «para que las decisiones que se adopten no tengan incidencia en la política fiscal del próximo año».

Ante esta situación de bloqueo, el organismo que preside Martín Garitano afirmó que seguirá adelante con sus propuestas, recuperando el Impuesto de Patrimonio y tomando nuevas medidas respecto al IRPF.

Lakua coincide

El Gobierno de Lakua realizó una lectura similar y acusó a las diputaciones de Araba y Bizkaia de «inmovilismo» y de utilizar «estrategias dilatorias». En la reunión, el Ejecutivo autonómico presentó un documento con una batería de medidas y el plazo para su posible entrada en vigor, pero no se produjeron avances significativos.

Este era el tercer documento elaborado por el Gobierno de Patxi López y presentado en el OCT. El primero se entregó en junio de 2010. En el último texto se propone constituir grupos de trabajo centrados en la lucha contra fraude, la reforma del Impuesto de Sociedades y el seguimiento y evaluación de las medidas que se adopten, según informaron a Efe y Europa Press fuentes del Ejecutivo.

También se concretan modificaciones en el IRPF, así como otras relacionadas con la tributación de la riqueza, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, los tributos en las sucesiones y donaciones en línea directa, y el aumento de tipos impositivos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Algunas de estas propuestas se aplicarían, según Lakua, en 2012, y otras a partir de 2013.

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa presentó dos borradores de anteproyecto de norma foral, uno relacionado con la restauración el Impuesto sobre Patrimonio para 2011 y 2012, y otro referido a medidas tributarias para 2012.

Bizkaia y Araba

Algunos periódicos aseguraban en su edición de ayer que los entes forales ya habían gestado «un acuerdo de mínimos» centrado en diversas reformas en el IRPF. Desde la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, su portavoz, Juan María Aburto, abundaba en la idea: «Esperamos que se logre ese acuerdo. Si hubiera otras circunstancias que produzcan la desarmonización, no va a ser por la Diputación de Bizkaia».

Desde Araba, el diputado general Javier de Andrés (PP), mostró antes de la reunión su apuesta por esperar a ver qué hacen otras comunidades del entorno antes de adoptar decisiones, ya que «sería un error» que las diputaciones pusieran a sus contribuyentes trabas que no existen en otros lugares.

Las propuestas presentadas por la Diputación alavesa consisten básicamente en articular incentivos para las empresas que mantengan o incrementen su plantilla para generar empleo y en apoyar a las familias mediante una modificación fiscal con el fin de reactivar el consumo.

De Andrés se mostró convencido de que «el incremento de los impuestos no significa más recaudación» como, según defendió, se ha demostrado con la subida del IVA y el IRPF que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.