La Corte Constitucional de Colombia acaba de validar la polémica Ley de Desmovilizaciones que protege a cerca de 25.000 paramilitares pertenecientes principalmente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta norma, junto a la Ley de Justicia y Paz, es un icono del actual Gobierno, así como del presidido por Alvaro Uribe que, entre 2003 y 2006, negoció con las AUC el supuesto abandono de las armas a cambio de una considerable rebaja de las condenas independientemente de los delitos cometidos.

A partir de ahora se podrán dejar sin efecto las órdenes de detención y la ejecución de la condena siempre y cuando la persona beneficiada «haya dejado las armas, cumpla con los programas de reinserción y colabore con la Justicia».

La Ley de Desmovilizaciones y el propio Constitucional van más allá al negar validez incriminatoria a los testimonios de los desmovilizados. Es decir, un paramilitar podrá declarar que ha sobornado a políticos, que ha estado al servicio de tal narcotraficante o que su jefe más inmediato ordenó tal atrocidad, que no tendrá valor jurídico y dichas acusaciones tampoco se podrán utilizar para incriminar a otras personas. El Constitucional sentencia que estos testimonios podrán servir para documentar el conflicto pero no necesariamente para actuar contra terceros.

El Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, ha intentado acallar las crítica afirmando que «no se puede montar un sistema de autoincriminación y meter en la cárcel a miles de personas, porque eso no es factible y le cerraríamos puertas a la paz». Para el ministro de Interior, Germán Vargas, esta norma «es un instrumento clave que permitirá la reincorporación a la vida civil» de estos paramilitares. Los datos, sin embargo, ponen en cuestión dicha «reincorporación».

Es cierto que Colombia necesita documentar el conflicto, que ha provocado ya más más de 50.000 desaparecidos y miles de muertos. Pero también necesita superar al actual marco legislativo para dar paso a leyes que potencien las investigaciones y la depuración de responsabilidades.