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Soluciones novedosas ante la problemática del relevo generacional
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el tejido empresarial guipuzcoano es la ausencia de savia nueva. Muchas empresas corren el riesgo de cerrar por esta razón. La asociación «instagi» busca nuevas fórmulas que aseguren el futuro de todas ellas.
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Mikel PASTOR
Las empresas familiares suponen cerca del 90% del tejido empresarial guipuzcoano. Si ponemos la lupa en los sectores de instalación y mantenimiento, los datos son aún más llamativos: el 85% de las empresas de este tipo cuentan con menos de 5 personas, y el 48% del total de ambos sectores consta únicamente de una persona.
Estos datos arrojan luz sobre la importancia que tiene en Gipuzkoa mantener y potenciar este tipo de empresas a través de los años y las generaciones.
Instagi, la Asociación empresarial de instaladores y mantenedores de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, fontanería, gas y calefacción de Gipuzkoa, ha desarrollado para ello un plan de acción, con el objetivo de asegurar el relevo generacional y la continuidad de la actividad en sus empresas asociadas, una vez que los dueños de estas decidan retirarse, o dejar el negocio. La asociación agrupa actualmente a 727 empresas asociadas y 42 socios colaboradores.
El problema es grave, y las predicciones no son nada halagüeñas para las medianas y pequeñas empresas. Vista la importancia de que las nuevas generaciones tomen parte en el mantenimiento de la actividad económica del territorio, diferentes actores políticos y sociales han decidido implicarse y tomar cartas en el asunto.
El Departamento de Innovación de la Diputación ha financiado el proyecto a través del Programa para la promoción de una Sociedad Emprendedora en Gipuzkoa. También han colaborado activamente la fundación Zubigune y la empresa consultora Prospektiker.
En busca de sucesores
Iñigo Fernández es uno de los responsables de la asociación Instagi. Preguntado por este periódico, reconoce que las causas para explicar esa falta de relevo «no están claras, y probablemente respondan a distintos factores».
Aún así, valora la «gravedad» del problema, y la necesidad de conseguir «una solución urgente al problema», por que, de no ser así, «el futuro empresarial y económico de Gipuzkoa estaría pendiendo de un hilo, puesto que la empresa familiar es el eje sobre el que pivota toda la economía».
Destaca González que muchas empresas en los últimos tiempos, al llegarle a los dueños la época de jubilarse, deciden cerrar por que los hijos de estos han tomado otro camino, o no quieren asumir el legado de sus predecesores.
Ante este problema, Instagi plantea «diversas y variadas soluciones» comenta Iñigo Fernández . «Por un lado, instruir a los hijos en el negocio que regentan sus padres, para así motivarle y darles los conocimientos suficientes para asumir esa empresa».
También existe la posibilidad de que los propios trabajadores se hagan cargo de la empresa, formando una cooperativa. «Es una de las iniciativas más interesantes, aunque también la más complicada, porque muchos trabajadores se muestran reticentes a la hora de hacerse con el control de la empresa», en gran parte porque «ser asalariado es sencillo y consiste en cumplir las ordenes que vienen de los superiores», pero asumir el control de la empresa conlleva «tomar ciertas responsabilidades en la toma de decisiones que muchos de ellos, prefieren delegar».
La tercera vía consistiría en que uno o varios alumnos de un centro formativo, especializados en la materia de la empresa, se hicieran con esta cuando sus dueños fueran a dejarla. Esta opción «plantea varios problemas» dice Fernández, «por que en muchos casos los alumnos deben ganarse la confianza de los dueños, y eso es complicado».
El último camino para que la empresa no cierre sería el más complicado y polémico, porque consistiría en «la absorción de esas pymes por parte de una empresa más grande de la zona». Aunque esta propuesta ofrece varias interrogantes, como el rol de los antiguos trabajadores en la nueva empresa y la igualdad de condiciones laborales respecto a su anterior situación.
El proyecto ha comenzado en septiembre a través del lanzamiento de una consulta telefónica, tendrá una duración de ocho meses, y finalizará con la puesta en práctica de al menos dos pruebas piloto.