Estos días ha trascendido una anécdota significativa de las dificultades de adaptación al nuevo escenario con que se van a encontrar muchos. Cuentan que el ex consejero del Gobierno de Lakua Joseba Arregi acudió a un hotel de Bilbo para participar en un programa especial de TV3 sobre la decisión de ETA, pero que al ver que el planteamiento del programa era un coloquio a tres bandas que incluía a Txelui Moreno, representante de la izquierda abertzale, se marchó con el maquillaje ya puesto, alegando que la composición de la mesa no era proporcionada. Antes del jueves tal actitud quizás no hubiera supuesto noticia siquiera, pero ahora se cita como ejemplo de intolerancia y, sobre todo, de inadaptación.

Tras décadas utilizando unas mismas claves para circular por la realidad vasca, la nueva situación obliga a un cambio de chip general que para algunos agentes será especialmente complejo, quizás imposible. Hay prácticas, mensajes y formas de hacer política que han dejado de tener sentido porque basaban su argumentación exclusivamente en la existencia de la lucha armada; en época de alto el fuego sobrevivían aún, pero ahora carecen ya de todo sentido.

Diálogo con ETA

El debate sobre si el Gobierno debe hablar o no con ETA es uno de los que queda superado por la nueva realidad. Hasta ahora nunca se ha puesto en duda que tras el cese de la lucha armada ese diálogo es factible y, más aún, que resulta imprescindible si se quiere lograr cerrar el conflicto definitivamente.

Al margen de las evidencias de que a lo largo de la historia Estado y ETA han mantenido cruces de mensajes e incluso diálogos extraoficiales en periodos de atentados, cabe recordar que en el caso de Argel las conversaciones oficiales empezaron simultáneamente a un alto el fuego que se iba renovando, y que en 1998 y 2006 se iniciaron tras sendos impasse de varios meses justificados por los gobiernos de Aznar y Zapatero en la conveniencia de «verificar» las correspondientes treguas.

En el momento actual, ni siquiera existen esas excusas. Y sigue vigente la resolución del Congreso de mayo de 2005 que establecía cuál era el marco posible para el diálogo, y que obviamente ahora se cumple más que con creces: «Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia». Entre 2006 y 2007, el PP planteó hasta cuatro iniciativas para revocar esa resolución. Si, como afirma por ahora, Rajoy quiere evitar cualquier diálogo, tendría que enfrentarse a esa resolución mayoritaria, además de a la petición expresa de la comunidad internacional en la Declaración de Aiete.

Diálogo con la izquierda abertzale

Es otro tabú decididamente caduco. El indicador más claro ha sido la disposición mostrada por el PSN, uno de los agentes más reticentes durante el proceso de 2005-2007, a hablar con Bildu tras declarar superada su «línea roja» anterior. Es posible que tanto el PSN como el PSE intenten en este primer momento evitar fotografías directas con la izquierda abertzale, pero eso sólo supondría retrasar lo inevitable. Y más si se repara en que tras el 20-N hasta el Rey español tendrá que llamar a los miembros de esta fuerza política que lideran las listas de Amaiur al Congreso por una cuestión de mero protocolo.

Por lo demás, si Patxi López ya se sentó con Rufi Etxeberria -además de Arnaldo Otegi y Olatz Dañobeitia- el 6 de julio de 2006 ante las cámaras, ¿con qué argumento se puede negar a hacerlo ahora? ¿Y el PP? ¿Sabrán dirigentes como Antonio Basagoiti cambiar el chip después de que hace sólo dos meses se jactaran de que no estrecharán la mano a Bildu «hasta que les diga a sus jefes que entreguen las armas?».

Dinámicas conjuntas

Pero PSOE, PP o UPN no son los únicos agentes abocados a revisar sus criterios habituales. En Euskal Herria sigue habiendo reticencias históricas a compartir dinámicas con la izquierda abertzale, para lo que la presencia de ETA era una coartada argumental. Obviamente no se trata de confluir en iniciativas político-electorales, porque cada agente tiene su propia posición legítima, pero sí resulta extraño que a partir de ahora se sigan evitando sumas de fuerzas por la resolución del conflicto pese a compartir sus bases.

Así, la ausencia de PNV o ELA -a nivel oficial, que no de militancia- en la manifestación del sábado en Bilbo es una muestra clara de falta de adaptación, o al menos de reflejos. Un año después de su firma, y tras los pasos definitivos dados por ETA en la senda que marcó y la confirmación de la adhesión del Colectivo de Presos Políticos Vascos, ¿cuál es el argumento para no sumarse a esta alianza por la solución a la que han sido invitados? ¿Discrepan con algún punto en concreto?

Hay más campos de juego abiertos para colaborar en favor de la resolución. En el espacio de Gernika se insertan iniciativas ya lanzadas y con vocación muy plural como Eleak (por los derechos civiles) o Egin Dezagun Bidea (contra la política carcelaria). Así que no van a faltar opciones de aportar.

Política penitenciaria

La política carcelaria aplicada desde mayo de 1989 y etiquetada genéricamente como dispersión -aunque sea mucho más que eso- se ha quedado de golpe sin argumento alguno. Tras aquellos primeros alejamientos masivos el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog, auguraba que «en unos días tendremos los primeros resultados». Se equivocaba de plano; en realidad, estos 22 años sólo han traído sufrimiento y muertes en cárceles y carreteras.

Al contrario de lo que ocurría en los 80 y los 90, los dirigentes del Gobierno español hace tiempo que han dejado de intentar justificar la dispersión con declaraciones, pero lo siguen haciendo con la práctica, que es lo relevante. Si Madrid -y París, que ya ha anunciado que hará lo mismo que los españoles- se resiste a cambiar la política carcelaria, la presión internacional se va a acrecentar, y no digamos la vasca. La dispersión de los presos vascos está en letras grandes en la agenda de todas las instancias y organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el mundo. Amnistía Internacional ya dijo el viernes que la dispersión debe derogarse.

Leyes de excepción

En realidad, el catálogo de medidas de excepción a desactivar es enorme y va mucho más allá de las cárceles. Con el cese definitivo de la lucha armada quedan sin base alguna desde la Ley de Partidos al Código Penal endurecido tantas veces para estos casos, pasando por la Audiencia Nacional destinada principalmente a atacar algo que de repente ya no existe. Demasiadas cosas para soñar siquiera con que se lograrán en breve plazo.

Militarización

Las quejas de los escoltas por la reducción de servicios en los últimos meses han quedado ahora en su sitio (hasta el Ayuntamiento de Madrid, del PP más rancio, anunciaba ayer que prepara una progresiva retirada). Lo mismo ocurre con la esperpéntica movilización de guardias civiles el sábado en Gasteiz, donde se quejaron de que en los pueblos vascos se pide que se marchen y se añadieron quejas sobre las corporaciones de Bildu, sin entender al parecer que son la autoridad legítima y escogida por la ciudadanía.

La realidad que aflora tras la decisión de ETA es otra muy distinta. Ya no hay motivo para mantener miles de pistolas en las calles ni para que Euskal Herria siga teniendo el ratio policial más alto de Europa. Ni siquiera la hay para cuestiones menores como que las competencias de tráfico en Nafarroa pasen exclusivamente a manos de la Policía Foral, y es que la Guardia Civil siempre había usado la presencia de ETA como argumento para quedarse ahí.

Víctimas

La cuestión de las víctimas también se lee de diferente manera en la nueva situación. La izquierda abertzale está siendo emplazada insistentemente a tomar una nueva posición al respecto y así lo hará, según ha anunciado. Pero no es el único sector político que tendrá que cambiar su mirada sobre el sufrimiento de las últimas décadas. El sábado en el Kursaal, el ex alcalde de Donostia Odón Elorza daba una pista al autocriticarse por «no haber sido suficientemente firme y rotundo contra el GAL» en los años 80. «No supimos estar a la altura y es de lógica aplastante reconocerlo», dijo Elorza. Parte de la sala aplaudió, pero otra, entre la que estaba por ejemplo Txiki Benegas, dirigente del PSOE en aquella época, evitó hacerlo.

Y política, en definitiva

El nuevo tiempo, por último, será el de la política, y por eso su irrupción repentina ha pillado con el pie muy cambiado a quienes pensaban evitar eternamente este momento. Un ejemplo palmario es el ridículo en que ha incurrido el principal diario navarro, que el domingo intentó sembrar una polémica política con una información titulada ``Los documentos incautados a Otegi contemplan un Parlamento común para Navarra y Euskadi''. Dejando a un lado que Arnaldo Otegi ya explicó en el jui- cio que aquellos papeles pertenecían al momento de las reuniones de Loiola, cuando la apuesta de la izquierda abertzale por una «autonomía a cuatro» con derecho a decidir era totalmente pública, el supuesto escándalo sólo ha generado indiferencia. Y es que, ¿acaso ahora tampoco se puede reivindicar un parlamento común?