El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, compareció tras la reunión del Ejecutivo para explicar los principales datos del anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2012 y señaló que el gasto total del que dispondrán los departamentos para su funcionamiento asciende a 3.711 millones de euros (un 2,95% menos que este año), con el fin de que el déficit no supere el 1,3% del PIB. El texto se aprobará definitivamente el 7 de noviembre.

Miranda aseguró que con estas cifras «se podrán mantener» los servicios públicos de Salud, Educación y Políticas Sociales, que suman el 51,2% del total, y reactivar la actividad económica y el empleo, para lo que se han presupuestado inversiones por 280,3 millones, aunque 134 de ellos irán destinados a las obras de construcción del TAV.

En cuanto a los ingresos, Miranda explicó que se recupera el Impuesto de Patrimonio, de acuerdo con la regulación aprobada recientemente por el Estado español (a partir de 700.000 euros, con 300.000 exentos para la vivienda habitual), lo que afectará a unos 5.000 contribuyentes y conllevará unos ingresos adicionales de 30 millones de euros.

Asimismo, la tributación de las rentas de capital mobiliario se eleva del 18 al 19% para los rendimientos inferiores a 6.000 euros anuales y se retira parcialmente la deducción adicional por trabajo de 440 euros, manteniéndola, en todo caso, para los contribuyentes que perciban hasta 12.000 euros (más de 120.000 declarantes en 2010).

Con estas medidas, el Ejecutivo foral calcula que recaudará del orden de 50 millones de euros, a pesar de lo cual no ha elevado el techo de gasto previsto para el próximo año a la espera de ver cómo evolucionan realmente los ingresos públicos dado el «escenario de inestabilidad general» actual y las «expectativas inciertas a medio plazo».

Por capítulos de gasto, Miranda destacó que el personal prácticamente se mantiene, punto en el que negó que se vaya a posponer el pago de la extra de diciembre al mes de enero; bajan algo menos del 2% las transferencias corrientes a las entidades locales; y caen en torno al 18% las transferencias de capital, entre las que aludió a las ayudas a la inversión y el empleo.

Sin embargo, sí que se mantiene otros medidas fiscales para la reactivación económica y el empleo y se prorrogan varias más, como la amortización acelerada de inversiones para pymes y autónomos, y la rebaja de 150.000 a 90.000 euros para la Reserva Especial para Inversiones.

También se mantienen el incremento del 30% de la deducción fiscal a micropymes, pymes, profesionales y autónomos por creación de puestos de trabajo, la reducción en el Impuesto de Sociedades del 23 al 20% a micropymes y del 28 al 27% a pymes por mantener o crear empleo, y del 18 al 17% para Empresas de Economía Social. Además, se otorgan beneficios fiscales a las empresas que hagan aportaciones a la Fundación Moderna.

Primeras reacciones

En una primera valoración de urgencia, Bildu aseguró que los datos conocidos ayer muestran que «se aceptan e impulsan los recortes sociales» del Gobierno y añadió que son «especialmente preocupantes los recortes en Educación, Sanidad y Políticas Sociales, ya que éstas conllevan un efecto directo en la calidad de vida de la ciudadanía».

Para NaBai, el anteproyecto «reduce el esfuerzo en Educación y Salud a pesar de lo dicho por el Gobierno», ya que el dinero para estos departamentos, igual que para Desarrollo Rural y Empresa y Empleo, «bajan más que los propios presupuestos», por lo que considera que con los mismos «no se reactiva la economía ni el empleo». Sí se mostró de acuerdo con la restitución del Impuesto de Patrimonio, pese a ser «muy poco ambiciosa, como los mismos presupuestos».

Izquierda-Ezkerra calificó también de «insuficiente» la propuesta fiscal y abogó por «una reforma profunda, progresiva y suficiente». Sobre el anteproyecto, I-E indicó en una primera valoración que «mantiene la política de recortes y restricción», al prever un gasto menor de «prácticamente el 3%».

Desde el ámbito sindical, CCOO consideró que las medidas fiscales «pueden ayudar en algo, pero no son la solución a los problemas», y UGT señaló que «empezar a gravar las rentas de capital es una muy buena idea», si bien apuntó que es necesaria una reforma fiscal profunda.