El mantenimiento en prisión de 34 personas que cumplen condenas que van de los 12 años y 9 meses a los 6 años y 9 meses por un macrosumario en el que quedó demostrado el cúmulo de irregularidades que se produjeron, entre ellas el cierre de un periódico, una radio y varias empresas, no son razones suficientes para que el Tribunal Constitucional entre siquiera a estudiar debidamente el recurso presentado.

Las defensas de los procesados recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo hace más de tres años. Al poco tiempo, el Constitucional ya declaró la inadmisión del recurso individual de una de las encarceladas alegando una carencia formal. Desde entonces, los magistrados han tenido en sus manos el recurso general y finalmente han decidido no entrar a analizarlo. La Sala Segunda de la Sección Tercera, compuesta por los magistrados Eugeni Gay, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, «no aprecia en el mismo la especial trascendencia constitucional» requerida para su admisión.

Los letrados de la defensa habían alegado que en el caso se había vulnerado el derecho fundamental de los procesados a un juicio sin dilación indebida. También se había producido un uso anómalo de las llamadas pruebas periciales de inteligencia. Los abogados argumentaron además que documentos como el del denominado «Proyecto Udaletxe» se habían utilizado de forma intencionada en contra de los procesados. Al mismo tiempo, llamaban la atención del Tribunal Constitucional sobre el hecho de que había declaraciones de los encausados que se habían obtenido con el empleo de malos tratos.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario mostraron su extrañeza por el hecho de que el Tribunal Constitucional hubiera estado tres años con este recursos entre las manos y al final se lo haya quitado de encima alegando que carece de trascendencia constitucional cuando afecta además a tantas personas. Más bien entienden que no ha querido entrar en un caso que ha sido la columna vertebral de otros muchos procesos contra el independentismo.

Desde la defensa se mantiene, por su parte, que tan sólo la admisión de la dilación indebida hubiera podido suponer una reducción sustancial de las condenas de los procesados, lo que habría hecho que muchos de ellos salieran ya en libertad.

Estudian recurrir a Estrasburgo

Los encarcelados disponen ahora de seis meses para, ante la negativa del Tribunal Constitucional, presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Las defensas están estudiando esta posibilidad.

Según fuentes de los propios condenados, a la hora de decidir acudir a Estrasburgo no sólo se han de tener en cuenta aspectos judiciales, sino también -dado el peso de esta causa- factores políticos, el momento que se está viviendo en Euskal Herria, e incluso cuestiones de índole económica como los costes del proceso.

El macrosumario 18/98 agrupó las causas contra Orain SA (editora de «Egin»), Ekin, empresas que se vinculaban a KAS y la Fundación Joxemi Zumalabe. El juicio se prolongó durante dieciséis meses, desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2007, y fueron constantes las denuncias por irregularidades y por la actuación del tribunal de la Audiencia Nacional.