Mientras partidos e instituciones discuten sobre el modo de afrontar el escenario abierto por el anuncio de ETA, el día a día nos recuerda que en este país aún perduran situaciones injustas y sangrantes a las que se debe dar respuesta sin demora. Son consecuencias de la política represiva que los estados han aplicado durante años -y aún hoy mantienen- en Euskal Herria como, por ejemplo, los sumarios de carácter político que han afectado a organismos, asociaciones, empresas y, sobre todo, a muchas personas. Así sucede, por ejemplo, con los condenados por el sumario 18/98, que permanecen en prisión únicamente por su militancia política, por haber trabajado en determinadas empresas o por haber ejercido dignamente la profesión de periodista.

La vista oral de este macrosumario será recordada como uno de los episodios más bochornosos de la historia judicial del Estado español, y se saldó con una sentencia plena de prejuicios y descalificaciones y con duras condenas para la mayoría de los procesados. El recurso al Tribunal Supremo no deshizo aquella injusticia y, tres años después, el Tribunal Constitucional ha decidido no estudiar siquiera el recurso de la defensa, que había argumentado la dilación indebida que afectó al sumario, la vulneración del derecho a un juicio justo, el mal uso de la documentación aportada y los malos tratos denunciados por varios de los procesados.

Para los magistrados, lo expuesto no tiene «trascendencia constitucional», una valoración que dice mucho de estos jueces. Como señala en estas páginas Javier Salutregi, director de «Egin» preso en Burgos, ¿cómo puede ser «intrascendente» el cierre de un periódico y el encarcelamiento de varios de sus trabajadores? ¿Cómo no va a ser relevante que decenas de personas sean encarceladas por sus ideas? Esta decisión muestra que los aparatos del Estado se mueven por inercias del pasado a las que hay que poner freno lo antes posible.