El Supremo confirmó ayer que el juicio a María Pilar Marcos tendrá que repetirse. El Alto Tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa de la mujer, que ejerce el abogado Ángel Ruiz de Erenchun. Los motivos que alega es que la sala debe «despejar las contradicciones y dudas evidentes» que pesan sobre el caso y, sobre todo, enmendar el «resultado absurdo producido».

El juicio contra Marcos estuvo muy mediatizado y despertó gran interés. Los hijos de la pareja declararon que su padre era un maltratador y respaldaron la visión de la madre, quien confesó haber clavado el cuchillo a su marido, José Antonio Gil, durante un episodio de malos tratos. Este juicio paralelo en los medios de comunicación facilitó que el jurado se influenciara y fallara en favor de Marcos. Pero fueron tan parciales que sus conclusiones demuestran, a juicio del Supremo, «incoherencia y total falta de lógica». Básicamente, llegó a decir que el marido no había muerto.

La necesidad de repetir el juicio ha puesto en cuestión la utilización de jurados populares, en especial en temas que resultan muy sensibles para la opinión pública. En Nafarroa este asunto es realmente polémico desde que se produjera el juicio contra Nagore Laffage. Un gran sector de opinión, encabezado, entre otras personas, por Tere Sáez, la propia madre de Laffage y la documentalista Helena Taberna, reclaman la desaparición de este tipo de jurados. En particular, porque la justicia propone que respondan a preguntas muy confusas y, realmente, una persona corriente no sabe qué decisión tomar.

Se da la circunstancia, además, de que ambos casos han sido llevados por el mismo bufete de abogados, el de los Ruiz de Erenchun. En el caso de Laffage fue Eduardo, el hijo, quien defendió a José Diego Yllanes, mientras que en el de Marcos, el defensor fue el padre, Ángel.

Prácticamente, la necesidad de repetir el juicio se conoció al poco de saberse la sentencia, ya que lo recurrió la Fiscalía. Pero el debate sobre los jurados populares continúa vivo.