Con los problemas de salud de Chávez se han abierto nuevas «expectativas» no solo para la derecha Venezolana, sino para la del Cono Sur que viene buscando la manera de recuperar la fortaleza y espacios perdidos o erosionados en la esfera política formal en las ultimas décadas. Y es que la oposición venezolana, allegada a los intereses de los grupos de poder locales y foráneos, se ha reagrupado para las elecciones de 2012 en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la que forman parte diversos partidos. Uno de los candidatos con mayor probabilidad de ganar las primarias del MUD (febrero 2012) en vistas de las próximas elecciones presidenciales, es Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, egresado de Harvard y allegado a actores de la derecha hemisférica.

Como es de conocimiento público, López ha sido alcalde de uno de los municipios de Caracas (Chacao), pero según lo declarado por el político, el gobierno de Chávez «inventó un mecanismo administrativo» para eliminarlo de la contienda electoral de 2012. López asegura que no es la única «víctima» del gobierno, sino que ya son 800 los que han sufrido el mecanismo, y que el caso se ha elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de estas denuncias, López podrá presentarse como candidato a presidente en el 2012.

El lema de la campaña electoral de la oposición a Chávez es lograr el «asalto al futuro», que implica dejar atrás el pasado y el presente; es decir, no buscar culpables sino mirar hacia delante. Es llamativo este lema considerando, entre otras cuestiones, el esfuerzo que se está realizando a nivel mundial y regional para recuperar la «memoria histórica» en tanto proceso fundamental para encarar el presente y el futuro.

En los casos de las comisiones y espacios de la memoria en Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala, etc., la idea no es buscar culpables para «vengarse» del pasado, sino para hacer justicia con las herramientas provistas por el Estado de Derecho, y sobre todo, para no olvidar lo ocurrido de tal suerte que se evite su repetición. López, precisamente, elabora su discurso partiendo del recorte de las libertades y de la democracia por parte del gobierno venezolano que, según él, «abusa de su poder y recurre a la arbitrariedad» para eliminar a la oposición sistemáticamente por medio de «mecanismos administrativos» y «manipulando los circuitos electorales».

Así, al colocarse discursivamente del lado de las «víctimas de la corrupción» y la manipulación del gobierno de Chávez, se pretende reposicionar a la derecha y los intereses de las clases sociales acaudaladas que representa y defiende, los mismos que ciertamente se han visto debilitados con la política relativamente redistributiva de Chávez. Olvidar la historia también implica no dar cuenta de las condiciones políticas y socioeconómicas en las que se encontraba Venezuela antes de la llegada del gobierno de Chávez y que fueron producto de décadas de explotación y de distribución altamente desigual de la riqueza de esa nación. También significa desconocer el proceso de cambio y avance y la apuesta de proyecto de nación impulsado por el gobierno de Chávez y que, con todas las críticas constructivas que se puedan hacer sobre los retos y avances todavía necesarios en materia de desigualdad socioeconómica, la derecha ahora las plantea como males, cuando en realidad se está en una situación en muchos aspectos incomparable a los años de oro de la gestión formal del poder por parte de la derecha venezolana. Como lo expresa sintéticamente Chomsky: «Hay buenas razones de parte de los poderes imperiales y sus acólitos para insistir en que debemos olvidarnos del pasado y mirar hacia delante: el conocido estribillo del `cambio de curso' que se invoca de tanto en tanto».

Ahora bien, la posición de víctima y de «defensora» de los derechos constitucionales por parte de la actual derecha venezolana es poco sostenible si se recuerda que el «movimiento» Voluntad Popular (VP) fue uno de los implicados en el golpe al gobierno de Chávez en 2002, además de ser un partido que recibe financiación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que ha sido identificada frecuentemente como actor que opera como el brazo derecho del aparato de seguridad de EUA, el Departamento de la Defensa y la CIA.

Tomando nota de lo anterior, lo indicado por Eva Golinger sugiere ser de relevancia en tanto que considera que los partidos de la oposición, especialmente VP, «...han hecho un negocio de la desestabilización del país y son mantenidos por las agencias de Estados Unidos. En muchos casos sus partidos viven de eso y Estados Unidos sigue intentado ayudar para fortalecer esos partidos» (2010). Este no es un dato menor si se consideran al menos dos cuestiones: el involucramiento histórico de esta agencia en procesos de desestabilización de gobiernos de América Latina y el rol de la asistencia para el desarrollo en la gestión de Obama.

Desde inicios de los 60, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) fue una de las entidades encargadas del entrenamiento de la policía de las ciudades capitales de América Latina, a los fines de garantizar la «seguridad interna», contribuyendo a la desestabilización de gobiernos democráticos que fueron reemplazados por gobiernos militares.

Un caso clave fue el de Brasil, donde la USAID operó en el marco de la Alianza para el Progreso para bloquear el proyecto de desarrollo del Nordeste de Brasil impulsado por el gobierno de Joao Goulart y coordinado por Celso Furtado, otorgando un enorme apoyo a las fuerzas opositoras al gobierno de turno. También resulta paradigmática la participación de la USAID en el entrenamiento de la policía guatemalteca y su incidencia en asuntos de «seguridad interna», en general entre 1962 y 1970 (Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala, 2011). Recientemente, la USAID ha sido acusada de estar involucrada en el apoyo al sector opositor al gobierno de Evo Morales en el 2008, denuncia realizada por el presidente boliviano, a la vez que se han publicado algunos artículos que dan cuenta de la vinculación de la USAID con los sectores que derrocaron al presidente Zelaya en Honduras.

Esta participación de la USAID en procesos desestabilizadores, evidencia las diversas estrategias de intervención del gobierno estadounidense en otros estados para proteger y velar por sus intereses. El discurso que permea tales estrategias, derivado de un destino manifiesto, se pronuncia por una supuesta «democracia», una democracia que beneficia y protege los intereses de las cúpulas de poder locales pero también foráneas y que se sustenta, entre otras cuestiones, en impulsar el libre mercado y dar mayores condiciones a la inversión extranjera directa y a la transferencia de capitales, ampliando o al menos manteniendo la brecha entre ricos y pobres e incrementando los mecanismos de represión para garantizar la seguridad interna.

El asunto sugiere ser tan obvio que el Congreso Venezolano aprobó a fines de 2010 una ley para restringir el financiamiento internacional a partidos políticos y Organismos no Gubernamentales, considerando el historial de la USAID y la National Endowment for Democracy en Venezuela desde que Chávez asumió la presidencia. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, tiene por objeto entonces, «...proteger el ejercicio de autodeterminación nacional de la injerencia extranjera que a través de ayudas económicas o aportes financieros destinados a organizaciones con fines políticos, organizaciones para la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas; así como la participación de ciudadanos extranjeros que, bajo el patrocinio de estas organizaciones, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República» (Artículo 1).

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