DIDIER LIGER Y MAXIME CESSIEUX | ABOGADOS, MIEMBROS DEL SAF
«Los abogados franceses desconocen lo que está ocurriendo con la euroorden»
De paso en Baiona con motivo del congreso anual del Sindicato de Abogados de Francia (SAF), los dos letrados han dirigido el grupo de trabajo que trataba sobre derecho penal. En el mismo, han analizado el procedimiento y la aplicación de la euroorden -con la participación de la abogada vasca Yolanda Molina- y también la reforma del sistema de detención que consideran «aún insuficiente».
Arantxa MANTEROLA |
¿Por qué motivos es crítico el Sindicato de Abogados de Francia (SAF) con el dispositivo de la euroorden?
Didier Liger: La euroorden plantea problemas de principio graves respecto a los derechos y libertades porque, prácticamente, posibilita una entrega inmediata sin ninguna verificación de los hechos imputados y sobre la base de unos sumarios esqueléticos. Es que el procedimiento esté fundamentado en el principio de confianza mutua entre estados lo que puede provocar errores o desatinos muy graves. Algo que quedó muy claro, por ejemplo, con lo ocurrido a Daniel Dergi. Es un caso claro de utilización política de este dispositivo de euroorden.
En Euskal Herria se conoce bastante ese dispositivo. ¿Cree que los ciudadanos franceses, e incluso, en su profesión se es consciente de los riesgos que acarrea para los derechos?
Creo que los ciudadanos franceses en general y también los abogados se sienten bastante poco afectados por esta cuestión. Parten del principio de que se trata de la entrega entre países de la Unión Europea, es decir, a priori entre estados democráticos donde existe una justicia independiente. Una especie de principio de confianza que hace que poca gente se interese por la cuestión. Eso también se da entre nosotros, los abogados. Nuestro sindicato ha tenido conocimiento de lo que está ocurriendo porque han sido alertados por colegas vascos. Precisamente hemos incluido el tema de la aplicación de la euroorden en nuestro congreso para que se conozcan estos descarríos y se denuncien.
¿Tienen ustedes datos sobre cómo se aplica este procedimiento en casos que no tengan connotación política?
En el tribunal de Versalles donde trabajo, he visto durante años que se ejecutan las euroordenes en base a dossieres raquíticos. Las personas imputadas a veces aceptan ser entregadas pero, en realidad ¿hasta qué punto conocen de qué están acusados o cuál es la condena que arriesgan en el país que les reclama? Además, al consentir que se les aplique la euroorden todavía se acorta el plazo de entrega ya que no tienen opción a recurso. No estoy afirmando que la euroorden se aplique en todos los casos de manera abusiva o que sistemáticamente se vulneren los derechos pero la Cámara de Instrucción debe ser vigilante en ese aspecto porque el procedimiento de euroorden es expeditivo. Por ejemplo, en el caso de Dergi, creo que la cámara de Angers cumplió perfectamente su papel.
¿Cómo interpreta que París y Madrid sigan con las euroórdenes y afirmando que continuarán aplicando la ley en un momento político como el que se vive hoy en Euskal Herria?
Creo que es muy pronto para cambios sustanciales, por ejemplo, para empezar a hablar de ley de amnistía, pero es evidente que ese debate va a plantearse y, por supuesto, tarde o temprano tendrán que abordarlo, como ocurrió en Córcega o en Argelia.
Su sindicato lleva años pidiendo la modernización de la justicia pero la última reforma no parece satisfacerles...
Maxime Cessieux: Hemos luchado para que la persona sospechosa o implicada en el asunto que haya sido llevada o convocada a comisaría sea asistida por un abogado mientras permanezca en ella. La Corte europea de Derechos Humanos estableció dicho derecho pero Francia ha tardado, como le pasa demasiado a menudo, en aplicarlo. De hecho, ha procedido a la reforma porque ha sido obligada por su propio Tribunal Supremo y también por el constitucional. Pero nosotros consideramos que se trata de una reforma minimalista. Sólo podemos asistir al detenido 30 minutos al día, no tenemos acceso al sumario ni podemos estar en los registros y rondas de reconocimiento, etc. El Gobierno se ha negado a buscar el consenso entre los agentes implicados -magistrados, defensores, policía- para efectuar una forma clara que permita una estabilidad jurídica. Además, con los nuevos dispositivos que ya se están decidiendo en Europa, nos damos cuenta de que Francia sigue rezagada y le van a tirar otra vez de las orejas.
Pero algo sí se ha avanzado...
Sí; hay que reconocer que se ha progresado pero creo que todavía falta mucho. Por ejemplo, el Gobierno no ha puesto los medios para que la asistencia de los letrados sea efectiva o algunos de los que ha aplicado -como la tasa de 35 ¤ por procedimiento judicial- son inaceptables. A.M.
