Después de ocho años de implementación del Estado paramilitar bajo el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, han quedado bajo control paramilitar 29 de los 32 departamentos del país, garantizando las condiciones para cumplir con los objetivos económicos de los grupos transnacionales y de la oligarquía.

El discurso demagógico del Gobierno de Juan Manuel Santos busca justificar la firma de estos tratados comerciales en que van a generar empleo, elevar los índices económicos y que la explotación minera se hará de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Lo que no cuenta es que el 92% del territorio nacional será repartido entre las empresas transnacionales para que ejecuten sus megaproyectos de agrocombustibles. Tampoco habla de la explotación minera a gran escala, ni del control total de la extracción de petróleo, ni del cumplimiento de los mandatos del Banco Mundial, legalizando los títulos de propiedad y entregándolos al gran capital bajo una falsa reforma agraria.

Estos TLC reglamentan en detalle toda la economía colombiana: Exportaciones, importaciones, agro, industria, servicios, inversiones extranjeras, sector financiero, telecomunicaciones, propiedad intelectual, compras públicas, asuntos culturales, laborales, ambientales y sanitarios. Son el equivalente a una Constitución Económica, que no se puede modificar sin permiso de las partes firmantes, ni puede tomar medidas de control a las transnacionales que incidan en sus expectativas de ganancia, lo que, según los términos de los tratados, sería un «obstáculo injustificado al comercio», delito económico que se resolverá en un tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial, cuyos miembros pertenecen a estas transnacionales o son representantes de los gobiernos europeos y norteamericanos.

La producción colombiana en campos y ciudades tendrá que competir con los monopolios agrícolas, industriales y financieros más grandes del planeta sin tener en cuenta las asimetrías de las economías en cuestión. Y mientras el Gobierno renuncia a cualquier medida de protección, la UE, Canadá y EEUU mantienen las suyas; multimillonarios subsidios que permite a sus productores vender más baratas sus mercancías, mientras la agricultura, la industria y toda actividad económica nacional que está en desventaja tiende a desaparecer, reduciéndose a la importación, la cual este Gobierno pretende pagar con carbón, petróleo, oro, níquel e insumos para agrocombustibles. A esto, el presidente Santos le llama la «locomotora minero-energética», pero al agotarse los recursos minerales no habrá con qué comprar.

Hasta la década de los 90, Colombia era autosuficiente en la producción de alimentos, mientras que hoy importa 10 millones de toneladas de productos agrícolas tradicionalmente cultivados en el país.

El caso concreto del TLC con la UE, cuya ratificación depende de que el acuerdo sea calificado como «mixto» o puramente «comercial», es un elemento clave para definir a quién corresponde su ratificación.

El acuerdo incluye disposiciones que no forman parte de la política comercial común de la Unión: Desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva y algunas condiciones sobre medio ambiente.

La presencia de estas disposiciones es parte de la base jurídica para que los acuerdos sean considerados de carácter «mixto». Además, los acuerdos tendrán repercusiones en ámbitos que no son comerciales y que afectan a aspectos estructurales, constitucionales y de derechos humanos como la salud pública, los servicios básicos, la capacidad de los estados para promover un desarrollo social y sostenible, lo que obliga a consultar a los parlamentos nacionales.

Aunque los servicios jurídicos de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo aún tienen que emitir sus opiniones legales en esta materia, varios parlamentarios alemanes, británicos e irlandeses han presentado mociones exigiendo que el acuerdo con Colombia se considere de tipo «mixto» y, por tanto, se discuta y se someta a ratificación en sus respectivos parlamentos nacionales.

Es preocupante que temas que deberían tomarse como prioritarios a la hora de evaluar las condiciones requeridas para avanzar en la negociación de los TLC no están siendo considerados, como son las denuncias de la OIT sobre el asesinato sistemático de sindicalistas, los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, los informes de organizaciones de derechos humanos denunciando cifras alarmantes de desaparición forzada, el desplazamiento forzado de más de cinco millones de colombianos en los últimos veinte años, las pruebas aportadas por jefes paramilitares que vinculan a militares, policías, políticos, grupos económicos en la formación, entrenamiento, financiación y sostenimiento de la estructura paramilitar, cuyos miembros son responsables de crímenes de lesa humanidad, que, según el derecho internacional, no son indultables, ni canjeables, ni prescriben.

Santos ha lanzado una campaña a nivel nacional e internacional para decir que el país está en una etapa de postconflicto y en proceso de reconstrucción, y así lograr firmar los TLC pendientes. Pero, en realidad, está lejos de querer una mejora en derechos humanos.

En 2010, mataron a 51 sindicalistas, según la Escuela Nacional Sindical. El ACNUR ha cifrado en más de 740.000 las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2007 y 2009. Según un informe de Medicina Legal, en los últimos tres años han desaparecido 38.255 personas, mientras que la Fiscalía General de la Nación contabilizó 173.183 asesinatos entre junio 2005 y diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar en connivencia con las Fuerzas de Seguridad. Se han encontrado mas de 1.000 fosas y 23 gobernadores y congresistas han sido condenados por sus vínculos con el paramilitarismo.

Con estos datos, instamos a partidos políticos, organismos sociales y sindicales a que rechacen la firma del TLC entre Colombia y la UE.