La política del equipo de Iñaki Azkuna respecto a las comparsas sufrió ayer un fuerte varapalo al hacerse pública una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbo que tumba los argumentos del Ayuntamiento para «inhabilitar» a Txori Barrote y Kaskagorri para participar en las ediciones de Aste Nagusia de 2010 y 2011. Se trata de la vía administrativa, que va en paralelo al proceso penal abierto en Madrid contra comparseros por mostrar en sus txosnas la solidaridad con los bilbainos presos y sus familiares.

La sentencia, contra la que cabe la interposición de un recurso en el plazo de 15 días hábiles, estima en parte el recurso presentado por la abogada de Txori Barrote. Kaskagorri, el otro agente festivo castigado, no recurrió la sanción y fue Bilboko Konpartsak quien lo hizo, aunque posteriormente el juez se negó a que se acumulasen sendos procedimientos.

El magistrado Fernando Goizueta Ruiz declara la no conformidad a derecho de la resolución del 12 de enero de 2010 de la Oficina de Uso de Espacio Público, dependiente de Alcaldía. En ella se rechazaba el recurso interpuesto por Txori Barrote contra otro acuerdo del Consistorio que declaraba «inhabilitadas» a las dos comparsas «por incumplimiento de su papel festivo».

Tal resolución la fundamentó la oficina dirigida por Tomás del Hierro -en la actualidad, concejal delegado de Seguridad Ciudadana- en un informe de la División Antiterrorista y de In- formación de la Ertzaintza que portavoces de Bilboko Konpartsak dijeron entonces que estaba «lleno de medias verdades en algunos casos y de mentiras en otros». El duro castigo a Txori Barrote y Kaskagorri, que no ha logrado frenar su participación en las fiestas pero sí que instalasen txosna en los últimos dos años, fue considerado como «un ataque al modelo festivo, a la libertad de expresión, a la pluralidad que define Aste Nagusia».

Medios de prueba escasos

En los fundamentos jurídicos de la sentencia se incide en que los medios de prueba sobre los que pivota la resolución adoptada por Iñaki Azkuna «desvirtúan al menos parcialmente la decisión adoptada por vía administrativa, por cuanto por un lado resulta que no todas las fotogra- fías reseñadas (si es que lo son algunas) pertenecen a miembros de ETA, siendo desde luego muy difícil apreciarlo sólo con la vista de los folios 220 y 221 del expediente».

Además, asegura que «tampoco consta que el fin de la exhibición de dichas fotografías vaya más allá de la reivindicación del acercamiento de los presos bilbainos a centros penitenciarios cercanos a su domicilio, algo que igualmente también en su momento se instó por el Ayuntamiento demandado».

El juez reitera páginas más adelante que de las fotografías que aporta el informe de la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza, y sobre las que se fundamenta la dura sanción municipal, «no se deduce aquella voluntad de descrédito, menosprecio y humillación de las víctimas de las acciones terroristas de ETA que, en último término, se viene a imputar a Txori Barrote Kultur Elkartea por exhibir las fotografías, hecho que, por tanto, no puede subsumirse en la conducta prescrita en el artículo 27 de la Ordenanza de Fiestas» de Bilbo.

Añade a continuación que la exhibición de fotografías de presos «para reivindicar la aplicación de sus derechos penitenciarios no atenta contra la dignidad de nadie ni apoya el terro- rismo», citando varios pronunciamientos del TSJPV.

Ya lo advirtieron

Lo que no hace el titular del Juzgado de la Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbo es fijar daños y perjuicios por las consecuencias de que el Ayuntamiento presidido entonces y ahora por Iñaki Azkuna castigase a la comparsa del pájaro carpintero, una vez que en su recurso la representación legal no los concretó.

Se da la paradoja de que en junio un fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV sirvió al gobierno municipal para decir que los tribunales le había dado la razón al desestimar el recurso de apelación presentado por la abogada de Txori Barrote para que se suspendiera cautelarmente el castigo de dos años. Entonces, las comparsas ya advirtieron de que el juzgado competente aún no había entrado en el fondo del asunto, que era la legalidad de la sanción a ambos agentes festivos por solidarizarse con los presos.

Ahora, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administativo número 4 de Bilbo corrobora esos argumentos.