La abogada de Portu y Sarasola dice que el fallo es «ilógico e irracional»
Amaia Izko, la letrada que consiguió la sentencia codenatoria a los guardias civiles por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola, anunció ayer que recurrirán el fallo del Supremo. La premisa de la que parte el TS resulta, a juicio de Izko, completamente ilógica, ya que supone que los miembros de ETA delatarían a sus propios compañeros con el único objetivo de hacer sus «falsas denuncias de tortura» más creíbles.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
Los abogados de Portu y Sarasola valoraron ayer a fondo el contenido de la sentencia del Supremo que exonera a los cuatro guardias civiles por un delito de torturas. La letrada Amaia Izko anunció que recurrirán, si bien no han decidido aún si la fórmula será acudir al Constitucional vía recurso de amparo o solicitar la nulidad de la sentencia de nuevo ante el Supremo. Sin embargo, no ocultaron que el fallo de la Sala Segunda resulta desesperanzador, aunque no por los argumentos jurídicos que en él se exponen, sino porque su objetivo era blindar la sentencia de la T-4.
Según Izko, el Supremo se «extralimitó» al volver a valorar las pruebas para borrar de la secuencia de hechos el Apartado Segundo -publicado íntegramente ayer en GARA-. La abogada denunció que los jueces del TS sostienen claramente en su sentencia que la Audiencia de Gipuzkoa no pondera «con excesiva cautela» las consecuencias que podría tener el reconocimiento de la tortura, ya que «podía poner en entredicho la espontaneidad» de sus autoinculpaciones en el juicio por el atentado de la T-4. Amaia Izko afirma que «sólo les falta decir que, así las cosas, en modo alguno se puede admitir que en este caso haya existido tortura».
La abogada -que compareció junto a familiares y al letrado que la asistió en el juicio, Aiert Larrarte- denunció que esta «predeterminación» es lo único que «puede justificar la revisión de la sentencia». En definitiva, recurrirán porque el TS ha reconocido por escrito que entre sus fines estaba velar para que la sentencia por la T-4 no pudiera ser revisada, cuando el objeto del juicio era única y exclusivamente el episodio de torturas.
Una justificación delirante
El Supremo dio por buena la tesis policial de que todos los miembros de ETA denuncian falsas torturas como «estrategia político militar para combatir al Estado» y, sin embargo, cuando se autoinculpan o inculpan a compañeros sí que dicen la verdad. «Esto supone que confiesan únicamente para dar credibilidad a su falsa denuncia de torturas, sin importar que ello conlleve detenciones en cadena de sus compañeros de comando», expuso la abogada. «Esto choca contra la razón y contra la lógica», denunció. La abogada incide en que los detenidos realizan la confesión de culpabilidad «conscientes de que en base a esas declaraciones les van a condenar a ellos y al resto».
Pero, además, la sentencia añade que la denuncia falsa de torturas sería también una «estrategia procesal». Esto es lo más enrevesado de todo y, por ello, resulta complejo de explicar. Básicamente, significa que los miembros de ETA prefieren autoinculparse en dependencias policiales diciendo la verdad para luego denunciar falsas torturas ante el juez. De esta forma, ponen todas sus esperanzas en que su testimonio de torturas será creído y, por lo tanto, servirá para que su confesión -que no tendrían por qué haber realizado, ya que tienen derecho a no declarar- quede en entredicho. Izko calificó esta tesis como «el rizo del rizo».
Según la Policía, existe un manual de ETA que obliga a sus militantes a denunciar torturas. Sin embargo, Izko recuerda que jamás se han denunciado maltratos cuando los militantes de la organización armada son detenidos en el Estado francés.
El Supremo reconoce que las heridas no se corresponden con el testimonio policial, pero afirma que pudo haber otros golpes durante la detención, pese a que esa hipótesis nunca apareció en el juzgado donostiarra.
La portavoz de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) Lorea Bilbao estuvo presente en la rueda de prensa para arropar a la familia de Portu y Sarasola y sus abogados. Bilbao expuso que en el Estado español «las denuncias de torturas se archivan de forma sistemática». Una de las pocas que ha prosperado ha sido la referida a los dos jóvenes de Lesaka, que finalmente ha sido desestimada por el Supremo mediante una sentencia que supone «una auténtica irresponsablidad»,a juicio del TAT, ya que «abre las puertas de par en par a esa impunidad que tiene la tortura». Bilbao recordó que llevan años denunciando la incomunicación, ya que ofrece al torturador la seguridad de que no le ocurrirá nada. Sin embargo, no es sólo la ley la que ofrece esta impunidad, sino que también son cómplices los jueces que no la persiguen y archivan estas denuncias. Como ejemplo, Bilbao recordó lo ocurrido a Bea Etxeberria, que denunció haber sido violada este mismo año y cuyo caso ha sido archivado seis meses después, aun cuando existe un informe médico. A.I.
