El Estado español tuvo que pagar ayer un interés del 7,088 % en una emisión de obligaciones a diez años, su nivel más alto desde 1997 y superior al negociado en el mercado secundario, que no llegaba al 6,7 %. La rentabilidad de la emisión alcanzó su nivel más alto desde la creación de la zona euro y sólo por debajo de la que, en 1997, colocó obligaciones al 7,26 %.

En la subasta, adjudicó un total de 3.562 millones de euros al 7,088 %, lo que enciende las alarmas del rescate. En la última operación similar, el 20 de octubre, el porcentaje sólo fue del 5,433%. La demanda de deuda española sobrepasó los 5.500 millones. Este aumento del coste de la financiación, efecto del contagio de la deuda griega e italiana, elevó la prima de riesgo española -la diferencia con lo que debe pagar Alemania por su deuda-, hasta los 499,6 puntos, un nivel susceptible de someterse a un rescate como el sufrido por Grecia o Irlanda. Sólo la intervención del BCE consiguió relajar la presión de los mercados y reducir esa diferencia.

Pero la ministra de Economía, Elena Salgado, rechazó la posibilidad del rescate y denunció «ataques» contra la deuda soberana española y de los países del euro. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió una «respuesta inmediata» de Europa frente a las turbulencias: «lo que queremos no es que uno, dos o tres gobiernos den las órdenes, sino que lo haga Europa». Salgado y Zapatero esperan que Berlín deje de lado sus reticencias para que el BCE intervenga para poner freno a la crisis. Ayer la compra de deuda española por parte del BCE permitió atenuar la presión. La rentabilidad del bono español cerró al 6,49 %, por encima del 6,41 % del miércoles. En el resto de Europa también se produjo un relajamiento. En el Estado francés, la prima de riesgo se colocó en los 174 puntos, pese a que durante la sesión superó los 200 puntos básicos con un interés del 3,595%.

Merkel, inflexible

El Tesoro francés logró colocar entre los inversores un total de 9.700 millones de euros en las emisiones de obligaciones a corto, medio y largo plazo, aunque en todos los casos a mayor interés que la anterior emisión. En Italia, la prima se colocó en los 495 puntos, por debajo de los 519 puntos del miércoles, mientras que la rentabilidad del bono volvía a situarse por debajo del 7 %, en el 6,84%. En Grecia, la prima de riesgo alcanzó los 2.701 puntos básicos, frente a los 2.684 del miércoles. La intervención del BCE, por la que apuesta el Gobierno francés, es rechazada de plano por Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, se volvió a mostrar inflexible al reiterar que no es favorable a que se amplíen las competencias del BCE para atajar la crisis de la deuda soberana. «Los que creen que el BCE puede resolver como prestamista de última instancia las debilidades de la eurozona plantean algo que no puede funcionar», afirmó Merkel. La jefa del Ejecutivo alemán añadió que la crisis de la Unión Económica y Monetaria sólo puede resolverse con un sólido liderazgo político, de cambios en los acuerdos comunitarios, y no a través de la «ilimitada acción de bombero» del BCE.

La desconfianza de los mercados ha tumbado los gobiernos en Grecia e Italia para colocar a tecnócratas que apliquen las medidas que desean. Pero en el Estado español habrá un gobierno en funciones en las próximas semanas y el nuevo Ejecutivo no podrá tomar medidas hasta enero. Por ello, el probable nuevo presidente, Mariano Rajoy, ha tenido que calmar a los mercados, que no esperarán tanto ni les es suficiente con un cambio de Gobierno.

Así, frente a su habitual indefinición sobre las reformas, ha comenzado a adelantar pistas. «Habrá que hacer recortes en todo» salvo en las pensiones, para cumplir con la reducción del déficit, ha advertido en una entrevista en el diario «El País», en la que también sostiene que «la Ley de Dependencia hoy no es viable». «Todo el mundo debe saber que para mi gobierno, la prioridad será cumplir los compromisos de España con Bruselas» (4,4% de déficit en 2012), reconoce. El programa del PP recoge un «plan de austeridad que implicará a todas las administraciones». La Comisión Europea también le pide más recortes. Ayer demandó al gobierno que salga de las próximas elecciones una política económica «creíble» y que esté dispuesto a tomar «medidas adicionales» de ajuste. Según el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, «la confianza también se genera con la capacidad de tomar medidas adicionales si son necesarias para alcanzar los objetivos». Esas medidas extra podrían ser ajustes fiscales, «pero también reformas económicas que pueden aumentar el potencial de crecimiento en un contexto de menor actividad económica en toda la zona euro», añadió. Según Altafaj, la credibilidad del Estado español pasa por «alcanzar las metas aceptadas ante los socios europeos, sea cual sea el gobierno que salga de las urnas».