Ramón SOLA

Euskal Memoria documentó hace un año la realidad de las otras víctimas del conflicto. Muchas de esas 475 muertes se produjeron a manos de las FSE, y no pocas son de ciudadanos navarros. Casi todas han quedado impunes, y la mayoría ni siquiera se recuerdan. Por ejemplo, muy pocos habrán oído hablar de Miguel Iturbe Elizalde, un vecino de Zugarramurdi de 17 años que el 8 de noviembre de 1967 tuvo la mala suerte de encontrarse con un grupo de guardias civiles que controlaban la frontera. Fue abatido por varias ráfagas de metralleta.

Su caso es uno de los recogidos por Euskal Memoria, que añade que «al descubrir su `error', los policías le colocaron una pistola y anunciaron que se había producido un enfrentamiento». Tras el desmentido de los vecinos, una segunda nota cambiaba la tesis y pasaba a afirmar que era un contrabandista que trataba de huir. Días después, en hechos jamás esclarecidos tampoco, dos de los guardias civiles del grupo que había acabado con el joven Miguel Iturbe aparecieron muertos también, uno por disparos y otro atropellado.

Entre los muertos olvidados repescados por Euskal Memoria estaban dos jóvenes que fallecieron en uno de los constantes altercados que se producían en la discoteca Bordatxo de Doneztebe: Santiago Navas y José Javier Nuin, en 1976. Los encontronazos entre vecinos de la parte norte de Nafarroa y las FSE eran muy frecuentes en esos años: Manuel Andueza, vecino de Bera, falleció en 1970 tras recibir disparos de la Guardia Civil tras un incidente de tráfico. Kepa Josu Etxandi, de Luzaide, murió tiroteado en un control en 1975. Anacleto Rebolé, de Irunberri, pereció de un disparo que se le escapó a otro agente en Potasas, cinco años antes. También fue aparentemente fortuito el tiro que acabó en Aurizberri con Orio Solé, anarquista catalán fugado de la cárcel de Segovia en 1976, cuando acababa de ser apresado.

El mismo año murió a tiros también un joven en Burlata, Francisco Alonso Castillejo, en una persecución que oficialmente se atribuyó a asuntos de delincuencia común. Y sin aclarar quedó también la muerte de un joven de Lerín en 1989 tras un incidente con la Guardia Civil, a uno de cuyos agentes habría disparado.

Dudas obligadas y certezas sin castigo

Nunca hubo sentencias penales ni responsabilidades políticas en casos como el de Mikel Zabaltza, hallado en las aguas del Bidasoa en Endarlatsa en 1985, o en el de Susana Arregi y Jon Lizarralde, muertos en la foz de Irunberri en 1990, pero los tres estaban en manos de las FSE cuando perdieron la vida.

No hay duda alguna, por contra, de que fue la Guardia Civil quien acabó con la vida de la donostiarra Gladys del Estal en una movilización ecologista en Tutera en 1979. Como novedad, el autor de los disparos esta vez sí llegó a ser juzgado, pero se le condenó sólo a año y medio de cárcel que no cumplió, y en 1992 sería condecorado por el alcalde de la capital ribera, del PSOE.

En la semana pro-amnistía de 1977, José Luis Cano murió tras ser golpeado por los «grises» en la calle Calderería de Iruñea. Tenía un disparo en la cabeza. Nunca se supo más. Apenas había pasado un año de los hechos de Montejurra, con dos militantes carlistas muertos en un ataque fascista con muchas connivencias policiales, y faltaba otro año para que las FSE reventaran los Sanfermines de 1978. Aquel asalto se saldó con 7.000 disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. Falleció Germán Rodríguez, y nunca se ha descubierto a manos de quién. Casi tres décadas después, las instituciones en manos de UPN siguen evitando apoyar cualquier reclamación de justicia y llegaron a retirar la estela que recuerda la muerte del joven, que ha sido recoloca- da tras una intensa batalla.

Disparos policiales anónimos acabaron también con las vidas de militantes de diferentes organizaciones como los txantrearras José Mari Izura, Pelu, y Rafael Delas, Txapas, en la bahía de Pasaia en 1984, o Mikel Castillo, en 1990 en Alde Zaharra de Iruñea. Otro tanto estuvo a punto de ocurrir un año después y también en la parte vieja de la capital con el joven Mikel Iribarren, que estuvo al borde de la muerte por el impacto de un bote de humo a bocajarro. Casi dos décadas después, el Tribunal Europeo castigaba al Estado español por el caso.

Los cargos electos tampoco se han salvado de este tipo de actuaciones. El caso más grave ocurrió en noviembre de 1979, cuando disparos de la Guardia Civil acabaron con la vida de Mikel Arregi, concejal de HB en Lakuntza, en un control de carretera.

A todo este compendio incompleto de casos quizás se le añada algún día el nombre de José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, nacido en Iruñea aunque criado en Alegia y Lizartza. Sigue desaparecido desde 1980. Varios días en paradero desconocido estuvo también Josu Zabala, militante de ETA de Etxarri-Aranatz, hasta que se le halló con un tiro en el pecho en Itziar.

En paralelo a las FSE, el Ejército español ha provocado varias muertes en Nafarroa por los bombardeos en las Bardenas desde 1951. Restos sin retirar de bombas de la Guerra Civil también han costado casi una decena de vidas en estos últimos 50 años, y dos muertes más provocó la base que el Ejército estadounidense mantuvo en Gorramendi, cerca de Baztan, desde 1953 a 1974. Al margen de intervenciones policiales y militares propiamente dichas, la guerra sucia y la política penitenciaria han acarreado otras muchas muertes de navarros en este periodo.

Las autoridades navarras que ayer condecoraron a las FSE han actuado con absoluta dejación en todos esos casos, bien asumiendo las versiones oficiales correspondientes o bien restando importancia a los casos. El último ejemplo trágico fue el del panadero de Donibane y miembro de Gurasoak Ángel Berrueta, muerto a manos de un policía español y su hijo en la borrachera antiabertzale que siguió a los atentados del 11M en 2004. Este caso fue juzgado, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Nafarroa -Javier Muñoz, también homenajeado ayer- defendió que se trataba de una mera «riña entre vecinos». La mujer del policía quedó absuelta y el hijo está ya en la calle o a punto de salir.