Ayer se celebró el juicio contra las dos personas que hace tres años se encadenaron con un bidón en las vías del tren en Durango para denunciar la responsabilidad de EuskoTren en los perjuicios ecológicos, sociales y económicos del Tren de Alta Velocidad (TAV). Finalmente, el castigo será de 40 días de multa y el pago de una indemnización solicitada por Euskal Trenbide Sarea.

Así ha concluido un caso que comenzó justo hace tres años, cuando dos personas se encadenaron con un bidón a las vías del tren en Durango, acción con la cual paralizaron momentáneamente el servicio ferroviario durante la Feria del Libro y Disco Vascos.

En un primer momento, la petición fiscal contra estas dos personas fue de un año y medio de cárcel, más el pago de una indemnización que superaba los 1.000 euros, por los daños y pérdidas ocasionadas. Por otro lado, se les había solicitado también una fianza mientras estaban a espera de juicio de 2.500 euros a cada uno, cantidad que decidieron no abonar.

Así las cosas, la Asamblea contra el TAV denunció la represión que sufre este movimiento, aludiendo a que, detrás de esta petición de cárcel por haber realizado una acción de desobediencia civil, existe la «voluntad expresa y reiterada» por parte del Gobierno e instituciones públicas de criminalizar y reprimir el movimiento contra este macroproyecto.

No a la «represión»

Por otro lado, indicaron que hoy, tres años después de aquella protesta, las obras realizadas no suponen ni una cuarta parte del total de la obra proyectada, y que han implicado ya un gasto de más de 700 millones de euros, además de «la destrucción de nuestro entorno, destrucción no sólo paisajística, también de modos de vida y de parte de nuestra cultura».

La Asamblea contra el TAV aclararó que con aquella acción se pretendía denunciar la participación en este proyecto de EuskoTren, como posible operadora del TAV.