La detención del militante abertzale Josu Esparza resulta doblemente preocupante. Preocupa por la vulneración de derechos que supone la aplicación de la euroorden y también por el momento en que se ha producido. Un momento en el que la sociedad vasca reclama pasos a todas las partes hacia una solución del conflicto, como se evidenció el pasado sábado en Baiona con el masivo respaldo al llamamiento de numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales de prácticamente todo el arco ideológico junto a electos de Ipar Euskal Herria. Todas esas organizaciones, esas miles de personas que se dieron cita en Baiona representan, además de la pluralidad de la sociedad vasca a ambos lados de los Pirineos, los deseos de esta de abordar en términos democráticos un conflicto que ha durado demasiado, la demanda de diálogo y distensión. Esa es la apuesta de esta sociedad y, mientras unos la han hecho suya y han actuado en consecuencia dando pasos unilaterales, otros han permanecido en el inmovilismo, lo que ha provocado la movilización para reclamar movimientos a los estados francés y español. La detención de Josu Esparza, sin embargo, parece la respuesta del Gobierno de París, que no solo ha hecho oídos sordos a la petición de la sociedad vasca, sino que, además, es un movimiento justamente en la dirección contraria a esa demanda.