La Fiscalía de Gipuzkoa pide sendas penas que suman cuatro años y medio de cárcel para dos responsables de la empresa Corrugados Azpeitia por un accidente en el que murió un trabajador y otro resultó herido. Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 del 23 de agosto de 2006, cuando un grupo de operarios trabajaba en cuatro depósitos con capacidad para 20.000 litros adquiridos de segunda mano, que con anterioridad habían contenido alcohol desnaturalizado y que la empresa quería adecuar para almacenar aceite.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso la agencia Efe, mientras los operarios realizaban labores de soldadura en uno de estos depósitos, que se encontraban vacíos, el fallecido recibió quejas por el mal olor que desprendían, por lo que cerró la válvula del contenedor en el que estaban trabajando. Poco después se produjo una explosión que proyectó la base del contenedor hacia el fallecido -quien recibió un golpe en la cabeza- y otro compañero, que sufrió distintas quemaduras.

Según la Fiscalía, la causa de la deflagración fue «la presencia de una atmósfera explosiva en el interior del depósito, formada por una concentración de etanol como consecuencia de los restos de alcohol que quedaban, unido al foco de calor producido por la soldadura». El cierre de las válvulas «facilitó y aumentó» el riesgo. La acusación responsabiliza de estos hechos al jefe del taller de laminación de la empresa, así como a la responsable de su servicio de prevención, a los que imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores en concurso ideal con otro de homicidio imprudente y un tercero de lesiones imprudentes.

El primero compró los depósitos y los revisó, por lo que debía haber «percibido el olor a alcohol que contenían», y además «delegó por completo» en el fallecido «la elaboración de un informe de evaluación de riesgos laborales», a pesar saber que «no tenía conocimientos suficientes» para ello.

En cuanto a la responsable del servicio de prevención, el Ministerio Público afirma que facilitó al fallecido «una información manifiestamente insuficiente» y también delegó en él la evaluación de los riesgos, permitiendo que el trabajo «se desarrollara sin supervisión de ningún responsable en materia de seguridad».