Únicamente el 0,11% de los trámites on line realizados en 2010 por la ciudadanía ante los distintos departamentos del Gobierno navarro se realizó en euskara, según consta en un informe que el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, presentó ayer en el Parlamento a instancias del grupo de NaBai. De hecho, el porcentaje es aún menor que el de 2009, cuando se realizaron el 0,29% de los trámites.

El porcentaje de las páginas en euskara con que cuenta el portal del Gobierno navarro respecto a las páginas en castellano, sin contar las correspondientes al Boletín Oficial -que se edita en los dos idiomas-, es de un 27,24%, según el mismo informe. El documento destaca también que hay páginas en euskara que enlazan a otras en castellano, por lo que no se cumple la obligatoriedad legal de que haya dos ediciones separadas, una en cada idioma.

A la vista de estos datos, el Defensor del Pueblo insta al Ejecutivo a que cumpla con la legalidad vigente y a que garantice que los contenidos de su web estén disponibles también en euskara, aunque concede que esta adaptación se pueda hacer «de forma progresiva».

El Defensor del Pueblo recuerda que el Gobierno de Nafarroa tiene el deber legal de hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración en euskara en igualdad de condiciones que en castellano y que los vecinos de «la zona vascófona» tienen el derecho a ser atendidos en euskara cuando se dirijan en esta lengua.

Es decir, el informe del Defensor del Pueblo deja en evidencia que el Gobierno de Yolanda Barcina ni siquiera cumple con los mínimos que establece la Ley del Vascuence, que acaba de cumplir 25 años de vigencia y que es criticada por los euskaltzales porque supone un freno a la normalización del euskara.

Precisamente, Xabier Lasa, portavoz de NaBai, calificó ayer estos datos de escandalosos y destacó que el informe demuestra que para el Gobierno «los euskaldunes somos ciudadanos de segunda».

Junto a ello, subrayó que el escaso número de quejas presentadas sobre esta deficiencia ante la Administración es una señal de que la ciudadanía tiene asumido de que realizar este trámite no sirve para nada.

En una línea similar, Aitziber Sarasola (Bildu) comentó que el informe refleja la imposibilidad de vivir en euskara en Nafarroa y relató una vivencia personal como muestra de ello. La parlamentaria abertzale fue multada por presentar su declaración de la renta fuera de plazo porque reclamó que le enviaran los impresos en euskara y la Administración dio la callada por respuesta y, por tanto, no le contestó a tiempo.

A pesar de la rotundidad del diagnóstico realizado por el Defensor del Pueblo, el portavoz de UPN, Javier Caballero, alabó ayer «el importante esfuerzo del Gobierno navarro para implantar la administración electrónica» y, en relación a la implantación del euskara, dijo que «se va por buen camino, más allá de las velocidades».

Caballero calificó de «discurso lleno de tópicos que se descalifica por sí solo» las críticas de Xabier Lasa, «ante la evidencia de la situación del euskara en Navarra desde que ha estado gobernando UPN».

Juan José Lizarbe (PSN) dijo que no ve «datos catastróficos» en el informe y valoró positivamente que el Boletín Oficial tenga una versión en euskara. Ana Beltrán (PP) fue más allá y llegó a cuestionar que se destinen fondos públicos a la normalización del euskara en tiempos de crisis.

En cambio, Txema Mauleón (I-E) criticó que los escasos avances se hayan producido a la velocidad del caracol y lamentó «la miopía del Gobierno al ver este asunto como un gasto y no como un nicho de empleo, como la dependencia».