El informe presentado ayer en el Parlamento por el Defensor del Pueblo de Nafarroa, Javier Enériz, centrado especialmente en la administración electrónica pero cuyas conclusiones son fácilmente extrapolables a otros ámbitos, demuestran que los ciudadanos y ciudadanas euskaldunes siguen teniendo sus derechos lingüísticos vulnerados en este herrialde, donde el Ejecutivo de UPN-PSN mantiene todo tipo de trabas a la normalización del euskara. Enériz recordó que el Gobierno de Nafarroa tiene la obligación legal de garantizar el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la administración en euskara, e instó al Gabinete de Yolanda Barcina a que cumpla con la ley. Que una figura del carácter institucional del Defensor del Pueblo vea la necesidad de hacer una interpelación de este tipo es un indicador de la política contraria a la lengua propia de Nafarroa que mantienen sus gobernantes.

El portavoz de UPN hizo oídos sordos a la exigencia de Enériz y a las críticas del resto de los grupos de la Cámara, pero su situación es cada vez más insostenible, sobre todo, porque la sociedad navarra hace tiempo que hizo una apuesta decidida en favor del euskara.