LAB: «Hay amianto en Sidenor, pero la Inspección de Trabajo no hace nada»
LAB exigió en plena Gran Vía de Bilbo ante la sede de la Inspección de Trabajo que actúe ante Sidenor para que realice un mapa de exposición al mineral cancerígeno del amianto en toda la planta de Basauri. La Inspección de Trabajo ha corroborado la denuncia de junio que realizó la central sindical indicando que «todavía hay amianto», pero la Inspección de Trabajo sólo ha pedido que se retire, «nada que ver con la vigilancia de salud de los trabajadores».
Juanjo BASTERRA | BILBO
En junio del 2011, LAB denunció la presencia de amianto en las instalaciones de la compañía Sidenor de Basauri, que pertenece a la multinacional brasileña Gerdau. La Inspección de Trabajo reconoce su existencia, pero de «una manera parcial» y «sin actuar de forma decidida para que se retire», ni exige a la empresa que «desarrolle la vigilancia de la salud a los trabajadores que han podido estar expuestos al mineral cancerígeno», según dijo Jabier Bilbao, miembro de LAB en el comité de empresa y del comité de Seguridad y Salud de Sidenor Basauri.
Delegados sindicales de LAB se concentraron ante la sede de la Inspección de Trabajo de Bizkaia y presentaron un escrito en el que se pide que «se actúe siguiendo las recomendaciones y los protocolos oficiales sobre el amianto para lograr que aquellos trabajadores que han estado o estuvieron expuestos sean reconocidos para detectar de forma preventiva si están contaminados con las fibras cancerí- genas del amianto».
En el grupo Sidenor han fallecido al menos cuatro ex trabajadores por cánceres derivados del amianto y existen, al menos, diez sentencias judiciales que condenan a la multinacional por no haber desarrollado la prevención adecuada de los trabajadores frente al riesgo del amianto.
Bilbao expresó en la concentración ante la Inspección de Trabajo que la denuncia de LAB lleva mucho tiempo, porque la empresa «ha incumplido de forma reiterada los acuerdos que llegamos en 2009». Ante esta situación, LAB decidió en junio de este año llevar a la Inspección de Trabajo la denuncia sobre la existencia de amianto en varias zonas de la siderúrgica de Basauri. «La resolución inicial está bien, pero la Inspección de Trabajo se lava las manos en el fondo del tema, porque hay un grupo de trabajadores a los que no se les va a reconocer la revisión médica y control anual». Lo que ha aparecido de amianto se retira, sin más. «Si hay, es porque se ha usado y, por lo tanto, compañeros de trabajo han estado y están expuestos al mineral cancerígeno. Pedimos que se realice un estudio concreto en la fábrica de quienes han estado expuestos, un mapa de exposición, pero no lo han hecho a pesar de la peligrosidad del mineral». LAB desconoce el número de los trabajadores que han podido estar expuestos, pero «serán muchos, porque hay gente jubilada, eventuales. Somos 900 trabajadores».
Sidenor de Basauri «no dice nada. Hasta la fecha ha estado tirando balones fuera, pero en estos momentos ha decidido agarrarse a lo que dice la Inspección de Trabajo que para nosotros es insuficiente, porque es necesario retirar el amianto, pero también conocer el efecto que ha podido generar entre los trabajadores. Es mejor prevenir que lamentar. Solo se reconoce a nueve trabajadores la posibilidad de la vigilancia específica de la salud, pero son muchos los que han estado expuestos».
Todo esto ocurre en una empresa que cuenta en sus diversas plantas, también en la de Basauri, con ex trabajadores que han fallecido por esa enfermedad profesional.
Ibon Zubiela, responsable de Salud Laboral de LAB, dejó claro que la decisión de la Inspección de Trabajo «se queda totalmente corta», porque no entra a valorar la totalidad del amianto. «El mapa o inventario de amianto no se ha hecho, ni la vigilancia de la salud a los trabajadores de la planta. Ese es el primer problema que nos encontramos con todas las empresas, sin excepción», precisó.
A partir de ese paso, Zubiela recordó que «las mutuas niegan el problema del amianto, así como la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo niega o da una visión parcial, como en este caso. Lo peor -precisó- es que ese trato obliga a las víctimas del amianto a recorrer los juzgados para conseguir allí el reconocimiento de una enfermedad que han contraído quince o treinta años antes al haber respirado las fibras cancerígena».
LAB no cree que «ese sea el camino» para el reconocimiento de la enfermedad, y advierte que «si no se ponen medidas con el amianto ya instalado, puede ser que sigamos exponiendo a nuevos trabajadores». Ante la gravedad del problema, el responsable de Salud Laboral de LAB pide a los gobiernos que «sean sensibles» para hacer primero un inventario de dónde se encuentra y, a la vez, establecer un fondo de compensación «no sólo para las víctimas de exposiciones laborales, sino para las exposiciones ambientales y domésticas. Sin voluntad política, como están demostrando hasta ahora los gobiernos, el único camino que les queda a las víctimas de enfermedades del amianto es tortuoso y costoso, incluso muchas de ellas, no llegan a ver el final, porque fallecen». J. B.
