El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la seguridad de las nucleares españolas en el informe sobre las pruebas de resistencia exigidas por la UE, aunque exige numerosas mejoras que supondrán cuantiosas inversiones a los titulares de los ocho reactores activos en el Estado español.

Los cuatro aspectos en los que el CSN obliga a mejorar a los titulares de las centrales son: la pérdida de energía eléctrica y de sumidero de calor, la organización ante emergencias, la preparación ante accidentes severos y el almacenamiento de combustible.

La mayor inversión será la construcción de un centro alternativo de gestión de emergencias en cada una de las plantas, así como de un centro común «para intervenir ante un accidente en menos de 24 horas». Entre las más inmediatas, el CSN pide a los titulares que dispongan de generadores alternativos de energía, capaces de que la central pueda aguantar hasta 72 horas si pierde el suministro eléctrico.

Críticas ecologistas

Para Greenpeace las mejoras que el CSN les obliga a ejecutar demuestran «que no están preparadas ni para evitar ni para dar respuesta a un accidente grave». Sostiene que ninguno de los reactores activos «soportaría un terremoto de aceleración horizontal de más de 0,30», como el ocurrido en la ciudad murciana de Lorca , porque la mayoría, como Garoña, sólo están preparadas para 0,10.

Greenpeace criticó también que no se hayan sometido a pruebas de «resistencia a atentados terroristas o impactos de aviones», que no tendrán lugar hasta 2012.

Ecologistas en Acción, denunció que han sido los propios dueños de las centrales los encargados de ejecutar las pruebas de sismicidad y cree que serán los ciudadanos quienes «paguen finalmente en la factura de la luz las mejoras que serán obligados a llevar a cabo los operadores.