El pasado día 15 comenzó el periodo de consultas para impedir que los juzgados decidan la liquidación definitiva de Esmaltaciones San Ignacio, ubicada en el polígono industrial de Jundiz en la capital alavesa. Txaro Martínez subraya que «nos movilizamos todos los días, porque nuestro objetivo es volver a nuestro puesto de trabajo. No aceptamos la liquidación de la empresa, porque tiene futuro». En 1975, cuando entró a la empresa Txaro Martínez, trabajaban 1.500 personas. Hoy apenas quedan 90.

¿En qué situación se encuentra la plantilla de Esmaltaciones?

Desde setiembre de este año andamos con movilizaciones, porque los actuales gestores de la empresa pretenden su disolución. Nos negamos. No puede ser. El pasado 15 de diciembre comenzó un nuevo período de consultas para hacer frente a la decisión judicial de permitir su desaparición. Dependemos de IEG, que tiene una veintena de compañías y cuya cabecera no tiene producción. No nos pagan y tenemos que reclamar al Fogasa todos los meses.

¿El futuro está complicado?

Sí, pero nuestro objetivo fundamental es volver al trabajo, para ello hemos estado con el Ayuntamiento de Gasteiz, la Diputación, el Parlamento y queremos estar con el lehendakari López para mostrarles nuestro interés por volver a trabajar. Somos 90 trabajadoras y creemos que tenemos trabajo para salir de esta situación. No estamos en crisis como quieren hacernos creer. Nuestro producto es de segunda necesidad, cada vivienda utiliza cazuelas, sartenes... Incluso una competidora nuestra de Cantabria ha ampliado las instalaciones y las ha mejorado a nivel tecnológico.

¿Qué han hecho los responsables de esta empresa?

La dirección de Esmaltaciones San Ignacio ha decidido irse a fabricar a Marruecos y a montar otra empresa en México de 60.000 metros cuadrados. No es que el sector esté en crisis. La situación fue que hace años la dirección consiguió la recalificación de los anteriores terrenos que ocupaba la empresa, lo que les permitió unos ingresos de 26 millones, y nos trasladamos a Jundiz. Más tarde pidieron préstamos de 5 millones cada uno a BBVA, Santander y Caja Vital. Montaron la empresa nueva hace siete años, pero está hipotecada. No la han pagado. Es una estafa y el fiscal, lo mismo que el Ayuntamiento, está revisando todo ese proceso de recalificación, porque hay indicios de delito. De hecho, se pidió la auditoria de Pricewatherhouse Coopers sobre todo esto, pero no nos las entrega, aunque nos dice que la empresa invirtió lo que obtuvo por la recalificación del suelo.

¿Qué piden a las instituciones y a la ciudadanía?

Que se impliquen y actúen para que esta empresa salga adelante, porque tiene futuro y no se puede destruir tejido industrial de esta manera. Es el momento de hacer más, por eso estamos peleando los trabajadores. La sociedad debe ver que es una agresión directa a Gasteiz.