El pleno del Ayuntamiento de Iruñea rechazó ayer el proyecto de presupuestos para 2012, lo que obligará al gobierno municipal a prorrogar las cuentas de este ejercicio y dificultará sobremanera su gestión en un momento muy complicado a causa de la crisis, tal como reconoció el primer edil, Enrique Maya. Prorrogar las cuentas públicas no es plato del gusto de ningún mandatario y, de hecho, entre las principales instituciones de este país de momento solo la capital navarra se ha visto abocada a ello.

Los apuros del alcalde iruindarra, sin embargo, no se limitan a la obligación de capear el temporal económico con unas cuentas prorrogadas y una mayor capacidad fiscalizadora por parte de la oposición, sino también a la constatación de la fragilidad de su gabinete y las consecuencias que esta debilidad puede tener en futuros proyectos, cuando la legislatura prácticamente acaba de empezar. Los 13 ediles que suman entre UPN y PP no son mayoría suficiente si el resto de los grupos coinciden en el voto, y el PSN ha dejado claro que no se siente obligado a secundar al equipo de gobierno.

En este sentido, se da la circunstancia de que en apenas unos días esta formación, que gobierna junto a UPN en Nafarroa, se ha desmarcado del partido de Barcina en dos temas de gran calado, como es el de la situación de los presos políticos, el lunes en el Parlamento -a pesar de las maniobras que hizo en el último momento-, y el de las cuentas públicas de Iruñea. Ambos partidos mantienen desde hace años un pacto de hierro en el que la razón de Estado ha primado siempre sobre los intereses de la ciudadanía navarra, pero el acuerdo entre UPN y PP para las elecciones del 20N y la llegada de Rajoy a la Moncloa podrían conducir al PSN a matizar su apoyo incondicional a la derecha. Si la formación que lidera Roberto Jiménez interioriza que ejercer de mera comparsa no le da réditos sino que, al contrario, le hace perder credibilidad y votos, el de ayer podría no ser el último sobresalto de Maya.