La cultura y la educación suelen ser materias susceptibles de recortes. No deberían serlo, al menos no más que otras que no adornan tanto los discursos institucionales pero que a la hora de la verdad cuentan con presupuestos intocables. Esa propensión a los recortes se agudiza cuando la actividad subvencionada se desarrolla en euskara, y que esos recortes se apliquen en Euskal Herria, más que incomprensible, resulta un despropósito. La retirada de la ayuda directa a la Universidad Vasca de Verano (UEU), junto a los recortes de otras partidas relacionadas con el euskara, es uno de los últimos. Para justificar la retirada de esa subvención, a la consejera de Educación de la CAV sólo le faltaba decir que es preciso suprimir gastos superfluos. La política lingüística del Gobierno navarro también es conocida; por ello, no sorprende, aunque es lamentable, que los últimos recortes de hayan puesto en peligro la supervivencia de varios medios de comunicación del herrialde. En cuanto a Ipar Euskal Herria, es significativo el balance de Euskal Konfederazioa sobre EEP (Órgano Público del Euskara), el cual concluye que la política basada en el mero voluntarismo ha tocado techo y denuncia la negación de la oficialidad y la falta de medios. Ese es el nivel real de compromiso con la normalización del euskara de las administraciones de Euskal Herria, y no el que pretenden demostrar en ciertos actos públicos.