Eleak lleva a la Audiencia Nacional más de 600 autoinculpaciones por Esparza
Un total de 639 ciudadanos navarros se han autoinculpado en solidaridad con Josu Esparza, detenido por la Policía francesa y entregado a las autoridades españolas por su actividad política. Miembros de Eleak entregaron ayer las imputaciones en el registro de la Audiencia Nacional.
Alberto PRADILLA | MADRID
Un total de 639 navarros han suscrito las autoinculpaciones en las que asumen como propias las actividades políticas que han provocado que el iruindarra Josu Esparza sea detenido por la Policía francesa y entregado al Estado español, donde fue encarcelado. Ayer, miembros de Eleak entregaron en la Audiencia Nacional el texto en el que todos estos ciudadanos se imputan a sí mismos.
«A Josu Esparza se le reprocha su militancia política, desarrollada pública y notoriamente en el seno del movimiento pro-amnistía, en el campo de la denuncia de las torturas y las vulneraciones de derechos humanos en las cárceles», señala el documento, que fue distribuido por el abogado Juanje Soria y por Ibai Iriarte, miembros de la iniciativa por los derechos civiles y políticos.
«Juicios políticos»
El acto fue breve y se pudo desarrollar sin ningún problema, a pesar de que los funcionarios del tribunal de excepción español no están acostumbrados a muestras de solidaridad como la que trasladaron los miembros de Eleak. Según indicó Juanje Soria a GARA, las autoinculpaciones serán trasladadas al juzgado, que las analizará y, en caso de tomarlas en cosideración, debería «imputar» a los 639 ciudadanos que han admitido desarrollar la misma actividad polí- tica que ha llevado al vecino de la Txantrea a ser encarcelado. En caso contrario, los documentos se añadirían a la causa que instruye el juez Pablo Ruz.
«Queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los detenidos y protestar ante estos juicios políticos», señaló Soria frente al registro de la Audiencia Nacional española. El abogado recordó que solo en Nafarroa hay más de 100 personas imputadas por su labor exclusivamente política y más de una treintena de ellos han sido encerceladas. Este incremento de la represión explica, a juicio del miembro de Eleak, la ola de solidaridad desatada en Euskal Herria. Como ejemplo, las autoinculpaciones presentadas ayer, que se recogieron en apenas dos semanas. «Existe una vulneración de los derechos civiles y políticos y una indignación latente», subrayó, tras recordar que seguirán las protestas.
Esparza fue arrestado por la Policía francesa el lunes 11 de diciembre y entregado a policías españoles. Posteriormente pasó a la Audiencia Nacional, que decretó su encarcelamiento.
Decenas de personas se dieron cita en el frontón Auzolan de Gasteiz para denunciar la condena de ocho años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo contra Ekaitz Samaniego -el segundo por la derecha-, acusado de militar en Segi. Según recordaron los presentes, Samaniego, detenido por la Ertzaintza el 27 de setiembre de 2009, fue condenado a siete años y medio de prisión -seis años por su militancia política y dieciocho meses por romper un cristal- por la Audiencia Nacional. Ahora el Supremo, lejos de corregir la condena, la ha aumentado. Puede ser detenido en cualquier momento.
Agentes de la Policía Nacional española detuvieron ayer en Donostia a Alberto González Etxebarria, condenado a una pena de dos años y medio de prisión recientemente por el Supremo.
El arresto, que se produjo a las 17.45 según agencias, respondía a una requisitoria de la sección tercera de la Audiencia Nacional, tribunal que condenó en mayo de 2010 a Alberto González a una pena de seis años de prisión, rebajada el pasado mes de febrero por el Supremo a dos años y medio.
González Etxebarria fue arrestado en octubre de 2003 dentro de una operación policial ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En mayo de 2010, la Audiencia Nacional lo condenó, junto con otros cuatro ciudadanos vascos, a una pena de seis años de prisión acusado de «colaboración».
La sentencia contra Alberto González Etxebarria fue recurrida ante Tribunal Supremo que, en una sentencia hecha pública en febrero de este año, rebajó la condena a dos años y medio de cárcel, que se materializa ahora con el ingreso en prisión. GARA