El presidente español, Mariano Rajoy, no dará explicaciones sobre los históricos recortes sociales hasta después del 30 de enero, cuando está convocada una cumbre de la Unión Europea (UE). En un principio se especuló con que podría presentarse ante el Congreso español el próximo miércoles para dar cuenta de la subida del IRPF o la congelación de la Ley de Dependencia.

Finalmente esperará hasta el encuentro comunitario, donde podrá recibir el respaldo de líderes como Angela Merkel o Nicolas Sarkozy. Desde su investidura, el jefe del Ejecutivo solo ha aparecido ante la prensa durante los cinco minutos en los que leyó el nombre de sus ministros sin aceptar preguntas.

Soraya Sáez de Santamaría, mano derecha de Rajoy y la encargada de dar la cara ante la batería de recortes, compareció ayer tras el consejo de ministros para presentar su segundo bloque de medidas anticrisis. Excusó a su jefe y destacó la importancia del cónclave europeo, «clave y determinante para las finanzas» del Estado español.

De este modo, las explicaciones del presidente español ante la Cámara Baja llegarán cuando haya pasado más de un mes y una semana en el cargo. Mientras tanto, su Gobierno sigue escudándose en la desviación de dos puntos en las previsiones de déficit para defender unas medidas que, según insisten, no les ha gustado adoptar.

En su futura aparición, todavía sin fecha fija, Rajoy no solo explicará su histórico hachazo sino también las consecuencias de la cumbre, que podría acarrear aún más recortes. En este sentido, Sáez de Santamaría insistió en que el jefe de su Ejecutivo explicará también los compromisos que adquiera con sus socios comunitarios y cómo pretende cumplirlos en un contexto de crisis generalizada.

Control previo a las cuentas

Hace una semana, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que son las autonomías -la mayoría de ellas en manos del PP- las grandes responsables de los números rojos del Estado español. Y esto ha sido aprovechado por los conservadores para lanzar un órdago centralista que ayer fue matizado por Sáez de Santamaría.

El aviso lo emitió Luis de Guindos, titular de Economía, en una entrevista concedida al «Financial Times». En esta publicación, el ex de Lehman Brothers aseguraba que el Estado supervisaría los presupuestos autonómicos para evitar desfases con el déficit a través de una ley que proyecta presentar en marzo. Ayer, la vicepresidenta solo hizo mención a la convocatoria, este mismo mes, de reuniones con los entes para lograr que cumplan con los techos de gasto y endeudamiento. Las insistentes preguntas sobre la propuesta de control previo, que en la práctica supone una regresión del autogobierno, no movieron a Saéz de Santamaría de su discurso. Este se centró en esperar a la ley orgánica que desarrollará el techo de gasto introducido en la modificación constitucional aprobada entre PP y PSOE al final de la pasada legislatura.

El caso del País Valencià, en manos del PP, es el más ilustrativo para explicar este impulso recentralizador. Sus números rojos han llegado hasta tal punto que incluso se filtró que el Gobierno central tuvo que avalarle ante una deuda de 123 millones de euros, algo que ayer negó Sáez de Santamaría. Obviamente, el Ejecutivo valenciano fue uno de los más entusiastas a la hora de apoyar las medidas de los conservadores.

Otro de los objetivos hacia las comunidades será el de reducir el sector público, lo que abre la puerta a la privatización. Según la vicepresidenta española, existen 4.000 entes y su Ejecutivo pretende reducir esta cifra.

La lucha contra fraude fiscal fue uno de los pilares expuestos ayer por Sáez de Santamaría, que indicó que el Ejecutivo espera recaudar 8.171,7 millones durante el próximo ejercicio. Entre las medidas que estudia el gobierno está la limitación de los pagos en efectivo a partir de cierta cantidad.