Las gentes de Euskal Herria durante muchos años han dejado claro su rotundo rechazo a la energía nuclear. Desde hace 41 años sufren la presencia de una central en la misma muga, y cuando esta llegó a los 40 años de vida para los que fue diseñada, el Gobierno español autorizó que siguiera funcionando hasta 2013. Al Ejecutivo actual le parece insuficiente esa imprudente prórroga y pretende alargar la vida de la central hasta 2019, para lo que, según anunció ayer su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encargará un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Un formalismo que pretende burdamente disimular una decisión ya tomada, ya que es conocida la tendencia pronuclear del CSN. Ya su dictamen de 2009 avalaba el funcionamiento de la central durante diez años más. Los ciudadanos vascos, y sus instituciones, han mostrado repetida y masivamente su rechazo a Garoña, y con él a primar intereses privados sobre la seguridad y la salud públicas. Con informe del CSN o sin él, no quieren esa central, y no solo porque se trate de la más antigua del Estado español e igual al reactor de Fukushima I, sino porque no quieren ninguna, pues tienen otro concepto de energía limpia. Pero los gobiernos españoles no son muy dados a respetar la voluntad ciudadana, y menos aún la de los vascos. Por eso, la movilización popular volverá a ocupar un lugar preferente.