Errekaldeberriz Auzo Elkartea ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Bilbo una demanda contra el Ayuntamiento que preside Iñaki Azkuna por lo que considera derribo «ilegal» del edificio donde se encontraba Kukutza III.

El organismo vecinal asegura que aunque el Consistorio bilbaino «siempre se ha amparado en la legalidad» para justificar la demolición del emblemático equipamiento sociocultural, lo cierto es que sus responsables no han cumplido la normativa urbanística y tampoco se lo han exigido a los propietarios.

La iniciativa judicial del colectivo ciudadano parte de la formulada el 21 de setiembre, que logró paralizar la licencia de derribo durante 24 horas. Los vecinos de Errekalde estiman que no se debía haber concedido la licencia de demolición a una unidad de ejecución cuyos propietarios tienen que cumplir una serie de obligaciones como estipula la normativa urbanística vigente.

Se trataría en este caso de la cesión al Ayuntamiento de parte de los terrenos para ejecutar una zona verde, pagar la urbanización de la parcela con la descontaminación del suelo incluida y ceder parte de los derechos de los promotores para hacer pisos. Errekaldeberriz cree que los responsables municipales evitaron cumplir esas exigencias para no dilatar el periodo de concesión de la licencia.

«Si hubieran cumplido la legalidad, Kukutza habría ganado tiempo y se podría haber llegado a un acuerdo. Ahora, no solo hemos perdido a Kukutza, sino que como consecuencia de la irregularidad en la concesión de la licencia, también podemos perder unos terrenos que son del barrio y todos los vecinos, así como unos dineros tan importantes en estos tiempos de crisis», explicaron.

«Objetivo político»

Los vecinos de Errekalde quieren que los jueces obliguen al Consistorio a regularizar «de forma inmediata» el proceso de cesión. Es más, estiman que los propietarios de Cabisa están «robando» un espacio para ampliar las zonas verdes y mejorar los accesos a Belategi.

Además, acusan al equipo de Azkuna de «desviación de poder», al emplear el proceso de demolición no para una actuación urbanística, sino para un objetivo político, «acabar con Kukutza». Errekaldeberriz tiene la certeza de que en el solar del espacio autogestionado «nadie va a construir nada» y aguarda a que los jueces les den la razón, sentenciando que el Ayuntamiento efectuó una «manipulación del urbanismo para fines políticos». Su prioridad es que los propietarios y el alcalde «cumplan de una vez la ley».