Representantes de la mayoría sindical comparecieron ayer, acompañados por diferentes organismos y colectivos, para anunciar una manifestación nacional el 4 de febrero en contra de los recortes que están aplicando las instituciones al hilo de la crisis y que en los últimos años han ocasionado una mayor desigualdad y pobreza. El lema de la movilización, que apela a la defensa de los derechos de la clase trabajadora y del conjunto de la ciudadanía, es elocuente y lógico, porque esos recortes no son solo económicos, sino que afectan también al ámbito de los derechos laborales y sociales.

Desde que la onda expansiva del estallido de la burbuja financiera estadounidense golpeara de lleno a nuestra economía, las condiciones de la clase trabajadora no han hecho más que empeorar, no tanto como consecuencia directa de la crisis como por las medidas adoptadas por los gobiernos e instituciones internacionales para rescatar a sus causantes. En este sentido, los ciudadanos y ciudadanas, además de soportar el coste de la política depredadora de los grandes centros financieros, asisten ahora al desmantelamiento de los servicios públicos más esenciales por la dolosa actuación de unas instituciones rendidas al capital y que, con otra recesión a la vuelta de la esquina, ya ni siquiera pueden argüir que así «incentivan» la economía.

La manifestación del día 4 en Bilbo debe ser una respuesta contundente a una política injusta, que favorece a los poderes económicos y que está condenando a la precariedad, la marginación y la pobreza a capas cada vez más amplias de la población. La sociedad vasca ha protagonizado en los últimos tiempos importantes movilizaciones en contra de la gestión que los poderes públicos y financieros han hecho de la crisis, y debe perseverar en esa vía. Es necesario para hacer frente a los recortes, y para que emerja una alternativa que cambie de raíz los planes de quienes siguen haciendo negocio a costa de los trabajadores y trabajadoras.