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SECUELAS DE LA ILEGALIZACIÓN

Los acusados responsabilizan al PP de los incidentes del pleno de Laudio

El juicio contra 19 vecinos de Aiara acusados de «coacciones terroristas» por denunciar la ilegalización durante la constitución del Ayuntamiento de Laudio en 2003 comenzó ayer en la Audiencia Nacional española. Los imputados culpan a los ediles del PP y a sus escoltas de irrumpir en el Consistorio y provocar los incidentes. Reivindican que la protesta era pacífica y que acudieron a la sala para solidarizarse con el ex alcalde, Pablo Gorostiaga.

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Alberto PRADILLA | MADRID

Los 19 vecinos de Aiara acusados de «coacciones terroristas» por participar en la protesta contra la ilegalización que tuvo lugar durante la constitución del pleno de Laudio el 14 de junio de 2003 acusaron ayer a los concejales del PP y sus escoltas de provocar los incidentes. Durante la primera sesión del proceso, que tuvo lugar en la Audiencia Nacional española, declararon 15 de ellos. Su versión es unánime: lo ocurrido en el Ayuntamiento de la localidad alavesa fue una protesta «pacífica» tensionada por los ediles unionistas, que irrumpieron junto a sus escoltas cuando decenas de personas despedían al alcalde saliente, Pablo Gorostiaga, que no pudo revalidar su puesto a causa de la Ley de Partidos Políticos.

El juicio continuará hoy con la declaración de los cuatro imputados que no hablaron ayer y de los testigos. El fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de tres años de cárcel (57 en total), mientras que la acusación particular oscila entre los 5 y los seis años de petición (76,5 en total). La defensa, por su parte, defiende la libre absolución.

«Los únicos que agredieron fueron los escoltas, que entraron a golpes». La explicación de Gaizka Amorrortu, miembro de la plataforma electoral Laudio Aurrera, anulada por el Tribunal Supremo español, resume la versión defendida por los vecinos y que contradice el relato lanzado por los cargos del PP que han llevado adelante la querrella y que sostienen que fueron agredidos con «puñetazos y patadas», una tesis avalada por el escrito del fiscal.

Entre los denunciantes se encuentran Santiago Abascal, entonces edil en Laudio y actual director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, y Carlos Urquijo, recientemente nombrado delegado del Gobierno español en Gasteiz.

«Con mucha violencia»

«Entraron con mucha violencia y con mucha gente, y eso generó tensión», aseguró Jon Ander Altube, que ejerció como teniente de alcalde hasta la ilegalización de la izquierda abertzale. Las denuncias de los imputados, que en todo momento reconocieron estar presentes en el salón de plenos pero rechazaron haber participado en algunos agresión, fueron acogida con murmullos por los escasos fieles del PP congregados. Abascal también se dejó ver en los pasillos.

Todos los acusados coincidieron en dos ideas centrales: con el acto en el salón de plenos se pretendía despedir a Pablo Gorostiaga, que había ejercido como alcalde hasta el momento, y denunciar la ilegalización de la lista Laudio Aurrera, que obtuvo más de 2.000 votos en las elecciones municipales de 2003. «Queríamos denunciar que no todas las opciones políticas habían podido concurrir y estábamos reclamando democracia, nada más», defendió Altube, que insistió en que su intención no era la de reventar el pleno.

Los incidentes comenzaron instantes después de que Gorostiaga leyese una carta en la que se despedía de sus vecinos. «Fue un alcalde ejemplar», aseguró Iker Roiz, otro de los imputados, que explicó que se encontraba en el salón de plenos para mostrarle su apoyo. Fue entonces cuando, desde un lateral, irrumpieron los concejales del PP en Laudio (Santiago Abascal Conde, Rosa María Torres y Montserrat Canive), acompañados por Esaú Martín, edil unionista en Amurrio, y los diputados Carlos Urquijo y Santiago Abascal Escuza, y Francisco Javier Mosquera, que se encontraba entre el público. Tal y como resumió Asier Barruetabeña, «intentaron hacerse un hueco empujando a los que estaban dentro».

Patada de Abascal

«Lo que enervó el ambiente fue la actitud de los escoltas», subrayó Jon Ander Altube. En la misma línea, Alfredo Remírez recordó que quienes mostraron una actitud más agresiva fueron los ediles del PP. «Entraron empujando y se pusieron frente al lugar donde se sientan», explicó, tras señalar que los concejales unionistas, los únicos que acudieron a la constitución del Ayuntamiento, se encontraban «rodeados» por varios agentes.

La tensión registrada durante la constitución del pleno es un hecho en el que coinciden tanto los vecinos acusados como los ediles unionistas. Sin embargo, dos de los imputados señalaron ayer que, en medio de una sala repleta y con dificultades para moverse, fueron ellos los agredidos. Uno de ellos es Urtzi Goitia, que recordó que había acudido al Consistorio acompañan- do a su madre cuando recibió una patada lanzada por Santiago Abascal. Además, sufrió un empujón, aunque no pudo precisar de quién.

En el mismo sentido, Kepa Garrote recordó que recibió un empujón por la espalda y, tras darse la vuelta, identificó perfectamente a Carlos Urquijo como agresor.

El actual delegado del gobierno español para Araba, Gipuzkoa y Bizkaia será uno de los testigos que tome la palabra durante la segunda sesión del juicio, que comenzará hoy a partir de las 10.00 horas. En un primer lugar declararán los cuatro imputados que no pudieron hacerlo ayer y, posteriormente, pasará el turno a los testigos. En un principio, Carlos Urquijo habría solicitado prestar declaración a través de videoconferencia.

En teoría, el juicio debería de darse por concluido el miércoles, una vez que se escuche el testimonio de Pablo Gorostiaga (que se encuentra encarcelado en Herrera tras ser condenado a diez años por el sumario 18/98) y las conclusiones de las partes. A la espera de que el tribunal, presidido por Ángela Murillo, dicte sentencia, se termina así un largo proceso que se ha alargado casi nueve años.

El caso ha llegado a la Audiencia Nacional española debido a la insistencia del PP en sentar en el banquillo a los 19 aiaratarras. En un primer momento, ni el juzgado de Amurrio ni la sala número 5 del tribunal de excepción consideraron que los hechos tuviesen entidad suficiente. Tuvo que ser el Tribunal Supremo el que forzó a la sala 6 a hacerse cargo de la instrucción. Por este motivo, Jone Goirizelaia, una de las abogadas defensoras, instó a tomar en consideración las dilaciones, así como la posibilidad de que las faltas hubiesen prescrito. «Nueve años de instrucción para un proceso que comenzó siendo una falta es excesivo», señaló Leo Baraño, el otro letrado. La presidenta de la sala, tras una deliberación, desestimó suspender la sesión y dijo que estas cuestiones se tomarán en cuenta al redactar la sentencia.

acusaciones

Algunos de los imputados respondieron a las preguntas del fiscal, aunque todos ellos rehusaron contestar al interrogatorio planteado por las acusaciones particulares.

Una matrioska como testigo de la solidaridad

Los 19 aiaratarras que comparecieron ayer en la Audiencia Nacional española llegaron a la sede del tribunal de excepción portando un testigo de la solidaridad hacia las víctimas de juicios políticos. Se trata de una de las matrioskas que encabezaba la marcha celebrada en Gasteiz en defensa de Ekaitz Samaniego, joven independentista condenado a ocho años de prisión y que fue arrestado tras aquella manifestación. De este modo, la defensa de los derechos civiles y políticos llegaba a Madrid en forma de muñeca rusa, con la que posaron los imputados antes de acceder a la sala. Las muestras de adhesión hacia los 19 juzgados se han multiplicado esta semana. A. P.

Doce vecinos de Sestao, a juicio hoy por pedir la abstención en el año 2008

Esta mañana, a las 10.00, comenzará un nuevo juicio político en Euskal Herria. En esta ocasión doce vecinos de Sestao deberán sentarse en el banquillo de los acusados del juzgado de Barakaldo por haber colocado carteles solicitando la abstención en las elecciones del año 2008, una cita con las urnas marcada por la ilegalización de la izquierda abertzale en Hego Euskal Herria.

En un comunicado, la propia izquierda abertzale de Sestao recordó que los doce imputados, a los que se debería sumar otra persona ya fallecida, fueron detenidos por «colocar carteles en espacios electorales reservados» durante las elecciones al Congreso y al Senado español del año 2008. En los citados carteles figuraba el lema «Abstentzioa, Euskal Herriak independentzia». Era una manera de evidenciar las repetidas «ilegalizaciones, detenciones, prohibiciones y torturas» que se estaban produciendo en aquel contexto político.

Hoy, cuatro años después, los detenidos tendrán que comparecer frente a un tribunal para defender su inocencia. Sin embargo, no todos acudirán por sus propios medios a los Juzgados de Barakaldo, ya que una de las personas imputadas, Nahia Aguado -detenida en el año 2009 durante el desarrollo de una operación policial contra la juventud vasca-, llegará con las esposas puestas a las dependencias judiciales de Ezkerraldea.

Tras mostrar su solidaridad con Aguado, que ayer mismo fue repatriada desde la prisión aragonesa de Zuera, la izquierda abertzale lamentó que el nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo anunciado por ETA no esté recibiendo respuesta por parte de los estados, que mantienen los juicios políticos y la represión contra la población vasca. GARA

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