Al término del «primer contacto», que se prolongó por espacio de dos horas, Aguirre señaló que «la sensación es que el talante es abierto y que por ahora pensamos que todo está abierto».

Carlos Aguirre explicó que es un momento de «relectura» de las discrepancias que existen desde hace años entre ambas administraciones en torno a la Ley del Cupo, debido al cambio de Gobierno.

Según Aguirre, la discrepancia está en torno a los 83 millones de euros en lo que se refiere a la «interpretación final» de algunos aspectos como pueden ser los traspasos de políticas activas de empleo, ya que en las reuniones de 2007 -con dos gobiernos diferentes en ambas administraciones- se tomaron una serie de acuerdos que «se interpretaron de diferente forma».

Las discrepancias en la liquidación del cupo vienen desde 2007, y se deben a dos materias transferidas a las autonomías en las que el Gobierno español aportó dinero «extra» a las comunidades: el pago de las prestaciones de la ley de dependencia y el plan estatal Escuela 2.0 para escolarizar a los niños menores de tres años.

El consejero confió en que, a lo largo de un mes, ambas administraciones puedan ir «desbloqueando las cosas que son más sencillas, probablemente las tributarias y algunas más», mientras que para el resto se establecerían más adelante distintos grupos de trabajo.

Preguntado por la ley de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo central tiene previsto aprobar el viernes, Aguirre dijo que su Gobierno se pronunciará cuando conozca su contenido, aunque recalcó que «es un tema que tiene que tratarse» en la comisión mixta entre ambas administraciones.