Garazi Urrestarazu, alcaldesa de Altsasu por Bildu, y Ramón López Cid, vecino del municipio, declararon ayer ante el juez Santiago Pedraz como imputados por dos delitos de «injurias a la Corona» y «ultraje a España» por la parodia titulada «El discurso del rey» que se tuvo lugar el 3 de setiembre. El magistrado no impuso medidas cautelares contra ninguno de los dos. Según agencias, la AVT, que se persona en la causa al igual que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, ha solicitado a la Audiencia Nacional española que acuse a otros dos vecinos: Haritz Leotz y Oskar García.

«El Ayuntamiento no tuvo ninguna participación en el acto, ni en el desarrollo y puesta en escena», explicó Urrestarazu a Pedraz, según indicaron fuentes judiciales, que añadieron que la alcaldesa apeló a la participación ciudadana y sostuvo que firmó la autorización tras recibir un informe en el que no se apreciaba ningún «indicio» de delito.

Acoso policial

López Cid, por su parte, comentó que el objetivo de la parodia era «denunciar el acoso policial» que sufre Altsasu por parte de la Policía Foral y la Guardia Civil. Argumentó que «calumniar» no era su propósito y recordó que el instituto armado estuvo presente en todo momento durante la parodia filmando a los participantes.

Los imputados acudieron al tribunal acompañados por un grupo de vecinos de Altsasu, junto a quienes se encontraba Maiorga Ramírez, portavoz de Bildu en el Parlamento de Nafarroa. Una representante denunció la represión que sufre Euskal Herria e instó a la marcha de los cuerpos policiales y la disolución del «tribunal de excepción».

Desde Iruñea, el vicepresidente del Gobierno de Nafarroa y líder del PSN, Roberto Jiménez, calificó de «reprobables» los hechos a pesar de que no sean considerados delito.