La familia Chillida reitera que solo se reabrirá el museo con una negociación de compra-venta
GARA | DONOSTIA
El Gobierno de Lakua y la Diputación de Gipuzkoa se ofrecieron ayer a asumir la gestión de Chillida Leku; sin embargo, la familia Chillida Belzunce les respondió que, tal como han defendido hasta ahora, «únicamente es posible considerar la reapertura libre al público en el contexto de una negociación de compra-venta».
En un comunicado, remarcaron que «su principal preocupación e interés es asegurar el futuro del legado de Eduardo Chillida». Y, «en coherencia con ese objetivo», volvieron a mostrarles a las instituciones públicas su disposición de acordar con ellos la transferencia del museo de manos privadas a manos públicas. «Todo aquello que haga posible un futuro público seguro para Chillida Leku y que a la vez suponga una compensación económica justa para sus propietarios».
La consejera de Cultura, Blanca Urgell, y la diputada foral de esta área, Ikerne Badiola, hicieron su propuesta a los representantes legales de los Chillida en una reunión en Donostia que inicialmente iba a celebrarse con los herederos. Los abogados plantearon a las responsables institucionales algunas dudas y éstas hicieron diferentes planteamientos de gestión para poder reabrir el museo en el plazo «más breve posible», una vez descartada la opción de compra, ya que con la crisis económica las administraciones públicas no pueden abordarla «de ninguna de las maneras», dijo Urgell a los periodistas.
Un convenio de colaboración
La consejera cree que con sus propuestas están poniendo «las cosas fáciles» a los hijos del escultor para hacer posible la apertura de un recinto que cerró por su inviabilidad económica desde la gestión privada. Urgell y Badiola explicaron a los abogados que la vía de un convenio de colaboración con la Fundación Chillida-Belzunce sería el camino más conveniente en la actual situación económica, que podría suponer que los herederos del escultor gestionaran el museo y recibieran aportaciones públicas para cubrir el déficit, que las instituciones se hicieran cargo de esta labor directamente o que se buscara una fórmula mixta. No se ha hablado de «números», ni de qué implicaría esa entrada de las instituciones en el museo y qué recibiría a cambio la familia. Urgell precisó que la fórmula del convenio es la opción que ya tienen «más trabajada», aunque sus términos «siguen sin estar definidos».