NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Los diputados franceses votan una ley que permitirá acercar a los presos
Una ley que permite el acercamiento de los presos condenados a los centros más próximos a sus domicilios ha sido aprobada por la Asamblea Nacional francesa. Si el Senado da el visto bueno, podría aplicarse en tres meses.
Arantxa MANTEROLA | BAIONA
La Asamblea Nacional dio, a última hora del martes, un paso de gran simbolismo al aprobar, en primera instancia, una proposición de ley que propugna que los presos condenados cumplan su pena en la cárcel más próxima a su domicilio.
Aunque el nuevo artículo no será definitivamente integrado en la ley de procedimiento penal hasta que no sea aprobado por el Senado y, en segunda instancia por la propia Asamblea Nacional, el hecho de que haya sido adoptado casi por unanimidad deja entrever que no habrá mayor problema.
El texto aprobado detalla que esa posibilidad podrá aplicarse únicamente a «las personas condenadas a quienes les quede por cumplir más de dos años -más de tres meses en los casos de menores- para quienes la administración penitenciaria pone en marcha un procedimiento de orientación».
En dicho procedimiento se elabora un dosier con elementos como la edad, sexo, antecedentes, estado de salud, proyecto de inserción, situación familiar y, si necesario, el comportamiento de la persona presa. En ese contexto, y «cara a favorecer el mantenimiento de los lazos familiares del condenado», la administración penitenciaria le propondrá «cada vez que sea posible, el traslado a un establecimiento penitenciario, correspondiente a su perfil, más cercano a su domicilio». El artículo prevé algunas excepciones e indica que «únicamente las consideraciones ligadas a la seguridad de las personas o de bienes o al proyecto de ejecución de la pena» pueden obstaculizar la aplicación de la norma.
Promovido por los corsos
La proposición de ley lleva el nombre del diputado corso Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) que presentó el texto hace dos años en la Asamblea Nacional. Después de transitar en varias comisiones para, entre otros aspectos analizar su constitucionalidad, el texto, que inicialmente era más categórico, sufrió varias enmiendas. Precisamente esa rebaja de objetivos fue la causa de la abstención de los diputados del FG (Frente de Izquierda).
Una vez de que el nuevo artículo sea aprobado definitivamente, los presos condenados podrán estar en cárceles cercanas a sus familias, algo que, desde la modificación de la ley penitenciaria de 2009 estaba limitado a aquellos que se encuentran en espera de juicio una vez finalizada la instrucción.
La intervención del diputado Jean Grenet en relación con esta ley fue otra de las novedades de la sesión parlamentaria. Fue una de las raras ocasiones, si no la primera, en que el electo del Partido Radical Valoisien integrado en la UMP, se pronunció con tal rotundidad sobre la necesidad del acercamiento. Aludiendo directamente a la nueva situación política y refiriéndose concretamente a los presos políticos vascos, indicó que sería «un gesto de apaciguamiento que favorecería la transición a la paz».
Positivo para el proceso
La izquierda abertzale valoró «positivamente» la actitud de los partidos franceses en la medida en que, de aprobarse y aplicarse la ley, «podría tener un gran significado y trascendencia en el contexto del proceso de resolución».
Señalando que el PP «se está quedando solo en la defensa de la actual política penitenciaria y la dispersión», conminó al Gobierno español a «actuar sin más demora» en el mismo sentido para lo cual no tendría más que «aplicar la legalidad penitenciaria en su literalidad y abandonar la política de excepción que también en el ámbito penitenciario ha venido aplicando en los últimos 20 años».
Por su parte, Askatasuna situó las últimas intervenciones del diputado Grenet y del senador centrista Jean-Jacques Lasserre como «fruto de la presión ejercida por la sociedad vasca que pide a los dos Estados que den pasos hacia la resolución del conflicto».
Mostró su satisfacción por la votación de la ley Gandolfi que consideran como un signo positivo» ya que resolvería «una de las injusticias flagrantes -la de la dispersión- a las que están sometidos».
Sin embargo, el organismo antirrepresivo considera que se trata de una «respuesta parcial que solo concierne a los presos condenados» y que afecta únicamente a «una de las numerosas vulneraciones de derechos que sufren a diario».
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, afirmó ayer que la disolución de ETA no es condición para que los presos puedan reclamar los derechos que les reconoce la legalidad. Preguntado en el programa Boulevard de Radio Euskadi sobre si «los presos podrán ir accediendo a beneficios en función de los pasos que den individualmente o deben esperar a que ETA se disuelva, como dijo el ministro Jorge Fernández», Ares respondió que «sería mucho mejor que ETA se hubiera disuelto, eso facilitaría mucho las cosas porque habría un clima de mayor consenso y de mayores posibilidades pero, en todo caso, la ley hay que cumplirla». Por tanto, si un preso cumple los requisitos para avanzar en su situación, «tiene todo el derecho a hacerlo y el ministro y su equipo tendrán que cumplir la legalidad».
El consejero de Interior añadió que la posición del Gobierno de Lakua, expresada por el lehendakari ante el Parlamento, es que para que la política penitenciaria «siga siendo útil a la estrategia antiterrorista y conseguir que ETA se disuelva, tiene que ser más dinámica y flexible para acercar presos a Euskadi y para que aquellos presos que están enfermos puedan ser excarcelados» si cumplen los requisitos.
El Gobierno español, por contra, sigue aferrado a su discurso más duro, negando incluso la realidad de que a los presos acusados de ser de ETA se les aplican condiciones más restrictivas y duras que al resto de encarcelados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió en el Congreso la estrategia actual. Aseguró que el tratamiento que reciban los presos vascos estará condicionado, entre otras cosas, a «escuchar» lo que digan sus víctimas. Además, confió en que el Tribunal Constitucional mantenga la llamada «doctrina Parot» . GARA
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, fue ayer taxativo a la hora de decir que «los gobiernos tenemos mecanismos para verificar que ETA está cumpliendo lo que anunció públicamente de abandonar todas las actividades terroristas», y aseguró que «todas las informaciones de las que disponemos ponen de manifiesto que ETA sigue sin cometer actos terroristas. No hay actos terroristas, no hay amenazas y no hay extorsión».
El consejero pronunció estas palabras cuando en Radio Euskadi le preguntaron si «el discurso del ministro de Interior» hablando de una ETA latente «tiene base sólida». Ares explicó que «ETA sigue existiendo y desarrolla actividades para mantenerse en la clandestinidad». Añadió que «una organización clandestina que no se ha disuelto tiene un aparato que le da cobertura para mantenerse en la clandestinidad. Todo el mundo puede entender eso». Y diferenció que la labor policial sea tratar de detener a «quienes tengan cuentas pendientes con la justicia», de las afirmaciones que continúan haciéndose desde el Gobierno español.
Ayer mismo, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, insistió en decir que advertir de «que la amenaza terrorista persiste no es una valoración subjetiva, sino un hecho objetivo como lo demuestran las recientes detenciones en Francia de miembros armados de la banda terrorista que así nos lo confirma».
En la misma línea, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, deslizó en su comparecencia en el Congreso que «el carácter irreversible» de la decisión de cese definitivo de la actividad armada de ETA «está por confirmar».
Precisamente para avanzar en la confirmación de esa declaración y contrastar pareceres con agentes políticos y sociales se encuentran en Euskal Herria los integrantes de la Comisión Internacional de Verificación, que según algunas fuentes tiene en su agenda un contacto con el Gobierno de Lakua
El consejero de Interior dijo ayer que el Ejecutivo dispone de sus propias fuentes de verificación, pero declaró a Europa Press que los componente de la Comisión son personas «de extensa experiencia internacional en labores políticas, policiales, militares, servicios de inteligencia y en servicios de mediación». Apuntó que «si hay gente en el País Vasco que quiere reunirse con ellos, entendemos que le puede ser útil porque pueden recabar más información y, por tanto, ayudarles en su trabajo».
En su peculiar lenguaje, Rodolfo Ares concluyó que «tanto los radicales abertzales como, al parecer ETA, necesitaban de estos verificadores, y yo, simplemente, les deseo suerte».GARA
