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Bengoa y Vera promocionan una hoja de ruta para privatizar la sanidad

Los consejeros de Salud de Nafarroa y la CAV participaron el martes en un debate en Bilbo sobre el futuro de la sanidad pública. El objetivo de esa charla era promocionar y dar a conocer una hoja de ruta impulsada por una asociación semiprivada cuyo objetivo no es otro que impulsar la privatización de la sanidad universal y que propone limitar los servicios del actual sistema público. Además, esta asociación propone que no se aumente el gasto sanitario.

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Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Los consejeros de Salud de la CAV y Nafarroa, Rafael Bengoa y Marta Vera respectivamente, participaron el martes en un foro organizado por la Asociación de Economía de la Salud (AES), en la Universidad de Deusto, cuyo objetivo era impulsar un documento en favor de la privatización de la sanidad. El contenido del texto puede llegar a resultar escandaloso. No se trata sólo de defender el copago y la privatización del sector, sino que también entra directamente en la eliminación de la lista de servicios sanitarios públicos operaciones como las de cataratas, cadera, varices o «la mitad de los tratamientos de osteoporosis».

Es cierto que ambos consejeros participaron en ponencias que no versaban, sino de forma tangencial, sobre el polémico documento «La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable». Pero sus intervenciones se dieron en el marco una jornada bajo la firma de AES cuyo objetivo era debatir y promocionar esas recomendaciones, que contienen elementos, como el que recoge su punto 13, que no pueden ser más claros: «Desfuncionarizar para profesionalizar». Ese apartado aboga por iniciar «un proceso no traumático y gradual de desfuncionarización de los profesionales». AES ya da por hecho que se van a producir despidos dentro del sistema sanitario y trata sin tapujos sobre este tema hasta ahora tabú: «En el más que probable caso de que las restricciones económicas actuales obliguen a modificar plantillas, deben evitarse las reglas fijas uniformizantes y aquellas que impliquen despedir siempre a los últimos que entraron».

Mientras en Nafarroa, hace tan solo unos días, el sindicato ELA hizo público un estudio en el que instaba al Gobierno navarro a dedicar un 44% más a su presupuesto sanitario para equipararse a la media de los países europeos, la posición de AES va justo en sentido contrario. En el preámbulo de su documento, indica que «no es posible seguir manteniendo en el futuro el ritmo de crecimiento en gasto público sanitario de la pasada década. Así, creemos que seguir defendiendo aumentos del gasto sanitario en la actual coyuntura económica es irreal y poco conveniente». Una afirmación de este tipo resulta un tanto chocante por parte de una asociación que, en principio, defiende el sistema sanitario de todo el Estado. Sin embargo, al final de dicho documento, se entiende el porqué: «Sólo una reestructuración de la sanidad pública en las direcciones apuntadas puede evitar los recortes presupuestarios».

El poder de las farmacéuticas

En conclusión, la tesis de AES es que no se puede invertir más en sanidad y que el referente europeo es «irreal». Esta asociación, cuyo ámbito teórico de actuación es la salud, se sale de ese marco para afirmar que, para el Estado español, resulta «poco conveniente» invertir en sanidad, por la actual «coyuntura económica». Y, además, propone cambios estructurales, como la privatización y los despidos, para una situación económica que la misma asociación misma define como «coyuntural».

El texto viene firmado por médicos, catedráticos y profesores de Economía. Hay elementos que hacen dudar de la imparcialidad de esta asociación que, al menos estatutariamente, tiene como objetivo la mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos. La financiación de AES mezcla fondos públicos con empresas privadas. Y entre estas últimas aparece la inmensa mayoría de empresas farmacéuticas -Bayern, Glaxo o Sanofi- y otros conglomerados que prestan servicios sanitarios -por ejemplo, la catalana La Unió-.

El currículum del presidente

Por otro lado, basta ojear la declaración de intereses de su presidente, Juan Oliva, para ver hasta qué punto las grandes industrias farmacéuticas se han introducido en la asociación. Oliva admite haber cobrado en los últimos años de «Fundación AstraZeneca, The Merck Company Foundation, Chiesi, Pfizer, MSD, Lacer, Merck-Serono, Roche, Bayer, Medtronic, FENIN, Johnson and Johnson, Boehringer Ingelheim, Bayer y UCB Pharma». Aun así, el profesor asegura que no ve ningún conflicto de intereses con su asociación. Pues bien, en el documento sobre el que se discutió en Bilbo aparecen múltiples maneras de recortar costes, pero en ninguna de ellas se menciona el impulso de los genéricos o la compra de medicamentos que no sean de marca. Un despilfarro que, según aseguró a GARA el presidente de las Federaciones en Defensa de la Salud Pública (FDSP), Marciano Sánchez, puede cifrarse en 5.000 millones de euros anuales (la estimación se sustenta en el gasto per cápita en productos farmacéuticos).

La única referencia que se realiza es la propuesta de recortar un tercio los tratamientos antibióticos que se recetan en Atención Primaria. Esta ausencia destaca en un documento resulta muy concreto. Por ejemplo, su guía propone «desinvertir» en operaciones con «relación beneficio-riesgo incierta para el caso de los pacientes medios» e incluye en este grupo «las cirugías de cadera, rodilla o cataratas».

Sánchez se muestra particularmente duro con la visión del copago que se ofrece en el documento. «El apartado de copagos es bastante lamentable, a nadie que no viva en el limbo se le oculta que una reforma de los copagos supone un aumento de estos, y tampoco debería desconocerse que toda la literatura internacional los desaconseja por ser ineficaces, suponer una barrera para los más pobres y enfermos, y costosos en su implantación. Este tipo de propuestas, a la postre, suponen una coartada para los neoliberales», aseguró el responsable de la FDSP.

Arremete también contra la propuesta de «favorecer retribuciones profesionales por desempeño», ya que contiene muchos incentivos perversos que no le hacen la mejor alternativa. A su juicio, existen otras líneas a trabajar, como la dedicación exclusiva. Asimismo, al presidente de la FDSP le parece curioso que el texto de AES no entre en «la parasitación de lo público por lo privado y la necesidad de acabar con profesionales que trabajan en ambos campos».

Los consejeros escenifican su buena relación y garantizan la atención «limítrofe»

La consejera Marta Vera se reunió oficialmente ayer en Gasteiz con Rafael Bengoa para analizar la situación que se ha generado a raíz de las quejas de varios ciudadanos de Bortziriak que fueron derivados de Osakidetza al hospital de Iruñea. Ambos quitaron hielo a esta situación, señalando que se trata de problemas «puntuales» y que van a resolverlos rápidamente.

La consejera navarra afirmó que se han registrado diez quejas, mientras que el número navarros que son atendidos en Osakidetza ascienden a unos 10.000. Según hicieron público, durante la reunión se elaboró un balance para estudiar si están equilibradas las cifras de atención de una comunidad con respecto de la otra, y después de eso se mostraron favorables a que se continúe manteniendo el actual sistema de colaboración entre las dos administraciones.

Aun así, ambos son de la opinión de que debe abrirse un debate de ámbito estatal en el que se trate este asunto, por lo que se comprometieron a impulsarlo en el primer consejo interterritorial, que está previsto que tenga lugar en tres semanas.

El verdadero trasfondo de la atención limítrofe se encuentra en la posición adoptada por el Gobierno de La Rioja, que exige a la CAV un convenio bilateral para continuar prestando atención médica a sus ciudadanos en el hospital de Logroño. En este sentido, tanto Vera como Bengoa apostaron por mantener el actual sistema de compensación.

Bengoa mantiene la opinión de que «entrar en un modelo transaccional sería perder tiempo y dinero», pero los plazos con los que cuenta cada vez son más cortos. El 29 de febrero es la fecha límite para buscar un sistema que garantice la asistencia de forma definitiva. GARA

lo privado

El documento insta a «redefinir el papel de la iniciativa privada en el sistema sanitario público», aunque reconoce que las «colaboraciones público-privadas tienen una utilidad desconocida» porque no existen mecanismos para evaluarlas.

«adaptabilidad»

AES reclama que se dote a la sanidad pública de herramientas para competir con el sector privado y, entre ellas, destaca la «flexibilidad» de las plantillas, por lo que llama a la «desfuncionarización» del sector.

una guía

El documento de AES se propone como una «guía de actuación pública» que sirva a los gobiernos de las comunidades para ejecutar sus recortes en Salud. Parte de la tesis de que el gasto sanitario continuará minorizándose.

«Desinvertir»

AES propone el empleo del eufemismo «desinvertir» en lugar de recortar, porque así se da a entender que se retira el dinero de las partes menos efectivas de los sistemas públicos de Salud.

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