Los consejeros de Salud de la CAV y Nafarroa, Rafael Bengoa y Marta Vera respectivamente, participaron el martes en un foro organizado por la Asociación de Economía de la Salud (AES), en la Universidad de Deusto, cuyo objetivo era impulsar un documento en favor de la privatización de la sanidad. El contenido del texto puede llegar a resultar escandaloso. No se trata sólo de defender el copago y la privatización del sector, sino que también entra directamente en la eliminación de la lista de servicios sanitarios públicos operaciones como las de cataratas, cadera, varices o «la mitad de los tratamientos de osteoporosis».

Es cierto que ambos consejeros participaron en ponencias que no versaban, sino de forma tangencial, sobre el polémico documento «La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable». Pero sus intervenciones se dieron en el marco una jornada bajo la firma de AES cuyo objetivo era debatir y promocionar esas recomendaciones, que contienen elementos, como el que recoge su punto 13, que no pueden ser más claros: «Desfuncionarizar para profesionalizar». Ese apartado aboga por iniciar «un proceso no traumático y gradual de desfuncionarización de los profesionales». AES ya da por hecho que se van a producir despidos dentro del sistema sanitario y trata sin tapujos sobre este tema hasta ahora tabú: «En el más que probable caso de que las restricciones económicas actuales obliguen a modificar plantillas, deben evitarse las reglas fijas uniformizantes y aquellas que impliquen despedir siempre a los últimos que entraron».

Mientras en Nafarroa, hace tan solo unos días, el sindicato ELA hizo público un estudio en el que instaba al Gobierno navarro a dedicar un 44% más a su presupuesto sanitario para equipararse a la media de los países europeos, la posición de AES va justo en sentido contrario. En el preámbulo de su documento, indica que «no es posible seguir manteniendo en el futuro el ritmo de crecimiento en gasto público sanitario de la pasada década. Así, creemos que seguir defendiendo aumentos del gasto sanitario en la actual coyuntura económica es irreal y poco conveniente». Una afirmación de este tipo resulta un tanto chocante por parte de una asociación que, en principio, defiende el sistema sanitario de todo el Estado. Sin embargo, al final de dicho documento, se entiende el porqué: «Sólo una reestructuración de la sanidad pública en las direcciones apuntadas puede evitar los recortes presupuestarios».

El poder de las farmacéuticas

En conclusión, la tesis de AES es que no se puede invertir más en sanidad y que el referente europeo es «irreal». Esta asociación, cuyo ámbito teórico de actuación es la salud, se sale de ese marco para afirmar que, para el Estado español, resulta «poco conveniente» invertir en sanidad, por la actual «coyuntura económica». Y, además, propone cambios estructurales, como la privatización y los despidos, para una situación económica que la misma asociación misma define como «coyuntural».

El texto viene firmado por médicos, catedráticos y profesores de Economía. Hay elementos que hacen dudar de la imparcialidad de esta asociación que, al menos estatutariamente, tiene como objetivo la mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos. La financiación de AES mezcla fondos públicos con empresas privadas. Y entre estas últimas aparece la inmensa mayoría de empresas farmacéuticas -Bayern, Glaxo o Sanofi- y otros conglomerados que prestan servicios sanitarios -por ejemplo, la catalana La Unió-.

El currículum del presidente

Por otro lado, basta ojear la declaración de intereses de su presidente, Juan Oliva, para ver hasta qué punto las grandes industrias farmacéuticas se han introducido en la asociación. Oliva admite haber cobrado en los últimos años de «Fundación AstraZeneca, The Merck Company Foundation, Chiesi, Pfizer, MSD, Lacer, Merck-Serono, Roche, Bayer, Medtronic, FENIN, Johnson and Johnson, Boehringer Ingelheim, Bayer y UCB Pharma». Aun así, el profesor asegura que no ve ningún conflicto de intereses con su asociación. Pues bien, en el documento sobre el que se discutió en Bilbo aparecen múltiples maneras de recortar costes, pero en ninguna de ellas se menciona el impulso de los genéricos o la compra de medicamentos que no sean de marca. Un despilfarro que, según aseguró a GARA el presidente de las Federaciones en Defensa de la Salud Pública (FDSP), Marciano Sánchez, puede cifrarse en 5.000 millones de euros anuales (la estimación se sustenta en el gasto per cápita en productos farmacéuticos).

La única referencia que se realiza es la propuesta de recortar un tercio los tratamientos antibióticos que se recetan en Atención Primaria. Esta ausencia destaca en un documento resulta muy concreto. Por ejemplo, su guía propone «desinvertir» en operaciones con «relación beneficio-riesgo incierta para el caso de los pacientes medios» e incluye en este grupo «las cirugías de cadera, rodilla o cataratas».

Sánchez se muestra particularmente duro con la visión del copago que se ofrece en el documento. «El apartado de copagos es bastante lamentable, a nadie que no viva en el limbo se le oculta que una reforma de los copagos supone un aumento de estos, y tampoco debería desconocerse que toda la literatura internacional los desaconseja por ser ineficaces, suponer una barrera para los más pobres y enfermos, y costosos en su implantación. Este tipo de propuestas, a la postre, suponen una coartada para los neoliberales», aseguró el responsable de la FDSP.

Arremete también contra la propuesta de «favorecer retribuciones profesionales por desempeño», ya que contiene muchos incentivos perversos que no le hacen la mejor alternativa. A su juicio, existen otras líneas a trabajar, como la dedicación exclusiva. Asimismo, al presidente de la FDSP le parece curioso que el texto de AES no entre en «la parasitación de lo público por lo privado y la necesidad de acabar con profesionales que trabajan en ambos campos».