En un veredicto alcanzado después de dos días deliberación, el jurado, utilizando la fórmula jurídica de «no culpable», absolvió al ex president de la Generalitat valenciana y al ex secretario regional del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, del delito continuado de cohecho impropio del que fueron acusados y subrayó que su relación con los supuestos cabecillas de la trama Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «el Bigotes»- es «meramente comercial». Según estima el jurado, Camps y Costa no «no recibieron regalo alguno en relación a su cargo» de los cabecillas de la trama.

Concretamente, sobre Camps, afirmó que «no hay documentación alguna» que acredite que no pagara sus trajes, y además cree probado que su escolta le prestó dinero para pagar en efectivo en una ocasión. El veredicto se asentó en buena medida en el testimonio de una de las contables de las empresas del «grupo Correa», Isabel Jordán, mientras desechó el relato del sastre José Tomás, del que afirmó que contenía «contradicciones». De esta forma, el jurado estimó que «no hay ningún documento mercantil» que acredite el pago de las prendas atribuidas a los acusados por parte de la trama.

El famoso documento 71 de la causa, una relación de nombres escritos a mano asociados a diferentes importes, entre los que figuraban los acusados, no tiene credibilidad alguna, ni tampoco existe, según el jurado, documentación alguna relativa a la confección de las prendas.

El tribunal cree que no se puede establecer una relación entre los documentos de pago que figuran en la causa y las prendas atribuidas a los procesados, y además considera que Camps devolvió cuatro trajes a Milano y que Costa no adquirió prenda alguna en Forever Young.

Por otra parte, la mayoría de los miembros del tribunal dio validez a las declaraciones de los funcionarios de la Generalitat que aseguraron durante el juicio que ni Camps ni Costa tenían competencia alguna en la adjudicación de contratos públicos.

Curiosamente, en relación con la misma causa, el que fuera responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, se declararon culpables y aceptaron pagar una multa de 9.600 euros por los mismos hechos.