El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer una profunda reforma del sistema judicial español que incluye la posible instauración de la «prisión permanente revisable», el pago de tasas para recurrir, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y la reforma de la Ley del Aborto.

Gallardón explicó que la denominada «prisión permanente revisable» sería una pena excepcional para supuestos que hubieran causado «una gran alarma social». Ante las críticas de la oposición, el ministro sostuvo que la nueva pena es «incompatible» con la cadena perpetua y que su constitucionalidad está garantizada por su carácter revisable.

Ley del aborto

Además, Madrid reformará la actual ley del aborto para volver a la que se aprobó en 1985, que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres supuestos, según confirmó la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP en la Comisión de Justicia, Beatriz Escudero, que indicó que «se volverá a lo que había antes» de que el anterior Ejecutivo modificara la norma que establecía la interrupción voluntaria del embarazo de forma libre hasta la semana 14. El ministro de Justicia indicó que modificará la ley para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.

Por otra parte, Ruiz-Gallardón anunció al creación de una nueva tasa judicial -que supondrá que las partes paguen los costes del proceso a partir de la segunda instancia-y la justificó con el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad.

Gallardón confirmó también que se reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que los doce de extracción judicial serán designados directamente por sus compañeros.

Respecto a los otros ocho vocales, el ministro propuso poner fin al sistema de cuotas partidistas y que las Cortes hagan una elección consensuada, deseo que hizo extensivo a la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pendiente desde noviembre de 2010. Esta modificación fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, que consideran que permitir que los jueces elijan directamente a los miembros de su órgano de gobierno es una involución y un ataque a la soberanía popular.