Eleak reclamó ayer al tribunal que dé carpetazo al juicio contra once jóvenes por los incidentes ocurridos durante el chupinazo de los sanfermines de 2010. La petición surge a raíz de la sentencia absolutoria del tribunal de menores a otras tres personas imputadas por esos hechos. El tribunal determinó que los vídeos aportados por la Policía Municipal de Iruñea han sido manipulados y, por tanto, carecen de valor probatorio. Por otro lado, también exonera a los tres menores de un delito de desórdenes públicos. Eleak y los encausados aseguran que no merece la pena que la vista, que aún no tiene fecha, se celebre.

Expe e Ibai Iriarte, por Eleak, recordaron que los incidentes fueron desencadenados por una carga policial contra unos jóvenes que trataban de introducir una ikurriña en la plaza del Ayuntamiento momentos antes de que se lanzara el cohete. «Estamos ante un juicio político contra la ikurriña, un símbolo totalmente legal que el Consistorio pamplonés, con UPN al frente, ha tratado de borrar de los sanfermines desde hace más de una década».

Eleak hizo pública su solidaridad con todos los heridos que dejaron esos hechos, con una mención especial al joven madrileño que recibió el impacto de un botellazo, que le causó secuelas crónicas. No obstante, considera que «el Ayuntamiento es el único responsable de haber alterado el orden público con una intervención policial y totalmente desproporcionada». Como prueba de esta desproporción, la mesa en la que se ofreció la charla mostraba una serie de fotografías en las que se aprecia cómo agentes uniformados golpean con sus porras a los portadores de la ikurriña, y también a otros agentes, de paisano, que se suman a la melé con porras extensibles metálicas que incumplen el reglamento del cuerpo policial.

Por su parte, los once jóvenes imputados -y que a día de hoy desconocen la petición fiscal- coincidieron en calificar la operación policial como «de gran violencia» y añadieron que la carga generó «pánico en la multitud». A sus ojos, el único objetivo de la intervención de los agentes fue «censurar y reprimir», y lanzaron al aire la siguiente pregunta: «¿Y todo ello para qué? ¿Es delito exhibir la ikurriña en la plaza consistorial durante el chupinazo?».

Asimismo, los imputados señalaron que, durante la instrucción, la Policía Municipal identificó sin género de dudas a dos personas distintas como presuntos autores del botellazo que impactó en el turista madrileño. «¿Cómo puede ser que supuestas pruebas permitan imputar a dos personas distintas por un mismo hecho?», se preguntan.