El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt compareció por primera vez el jueves ante un tribunal y fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la Humanidad, delitos que contemplan penas de prisión que van desde los 20 a los 50 años. Ríos Montt ejerció el poder de facto entre 1982 y 1983. Su mandato fue uno de los peores períodos de los 36 años de guerra civil en Guatemala (1960 y 1996), en los que murieron o desaparecieron alrededor de 200.000 personas.

El Ministerio Público, que deberá reunir todas las pruebas y presentar su acusación antes del 17 de marzo, acusó a Ríos Montt de dar continuidad a la política de «tierra quemada», por la que fueron masacradas 1.771 personas, la mayoría indígenas ixil, y añadió que durante sus 17 meses en el poder hubo 1.485 violaciones de menores y 29.000 desplazamientos forzosos. «Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio», aseguró el fiscal.

El exgeneral, que al perder su inmunidad parlamentaria el 14 de enero tras la constitución del nuevo Parlamento se presentó voluntariamente ante la Justicia por una denuncia presentada en 2000 por el Centro para Acción Legal en Derechos Humanos, no quiso declarar, pero recordó que el objetivo del proceso judicial «es hacer justicia, no venganza».

La juez Patricia Flores, que considera que hay suficientes elementos probatorios para iniciar el proceso penal, decidió no enviar a prisión a Ríos Montt por su avanzada edad, decretó su arresto domiciliario y le impuso unos 62.000 euros de fianza.

A principios de año se suspendió de forma indefinida una denuncia similar contra su sucesor, Oscar Mejía (1983-1986), por razones de salud.