El Gobierno del PP abre la puerta a la imposición del déficit cero para 2020
El Ejecutivo de Mariano Rajoy dió ayer su visto bueno al anteproyecto de Ley Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020. Hasta entonces deberán ir reduciendo paulatinamente los actuales niveles de déficit y deuda. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, opinó que hablar de imposición es «exagerado», ya que «se trata de devolver estabilidad presupuestaria a quien no cumpla».
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El Gobierno español aprobó ayer en la reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley, que será remitida al Consejo de Estado para su votación, obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020.
Tras la aprobación del anteproyecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consideró ante los medios de comunicación que «la palabra imposición es exagerada», puesto que según afirmó, simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla.
Montoro explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria. Esta no podrá superar el 60% del PIB. Del mismo modo, todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit.
Así, el objetivo marcado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es considerablemente más estricto que el pactado en verano por PSOE y PP y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB. En la actualidad, esta tasa solo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo.
Para llegar a la meta establecida por el PP, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía estatal experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, el ratio de deuda se reducirá anualmente en dos puntos del PIB como mínimo.
Por otro lado, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB estatal en el promedio anual hasta alcanzar el objetivo de déficit cero en 2020. Con el fin de seguir el proceso, en 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.
Mecanismos de control
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados, las administraciones autónomas y locales deberán, además, aprobar un techo de gasto consistente con el objetivo de estabilidad. De acuerdo con la normativa europea, el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB. Así, el anteproyecto da prioridad absoluta a atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.
En caso de incumplir los objetivos de déficit, las administraciones incumplidoras tendrán dos oportunidades. La primera consiste en presentar un plan económico-financiero a seguir. En caso de que este no se cumpla, deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB que en el plazo de seis meses podrá convertirse en multa.
Por último, si en nueve meses no se llega a los objetivos establecidos, el Ministerio de Hacienda podrá realizar una visita que indica no será «amable» para evaluar la situación y «hacer los ajustes necesarios».
El sindicato LAB denunció ayer mediante un comunicado que la aprobación por parte del Gobierno español del anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria es otra muestra de «la deriva económica» del Estado español. Así, la central considera que «el carácter antisocial de estas políticas constituye una razón más para buscar nuestro propio modelo de desarrollo socio-económico en un nuevo marco soberano e independiente».
Esta ley, según LAB, prioriza por encima de todo «los intereses de la banca y el reintegro completo de sus deudas» y denuncia que es «producto del chantaje de los mercados y de las potencias europeas».
Añade que aunque las comunidades cutónomas han respaldado el régimen común, «el Gobierno central no ha dudado en reforzar las sanciones contra las administraciones que no cumplan los límites de deuda y los techos de gasto para asegurarse la lealtad institucional de las mismas»
En este sentido, LAB cree que los Gobiernos de Lakua y de Nafarroa intentarán hacer valer el régimen foral que caracteriza su sistema de financiación para lograr un acuerdo con el Gobierno español, ante lo que advierte que el Ejecutivo ha puesto «especial énfasis» en la idea de igualdad en las exigencias presupuestarias a las administraciones. Por ello, defendió la construcción de un marco soberano en materia económica y social.
El PNV, por su parte, afirmó que vigilará que la Ley no vulnere la singularidad financiera y fiscal de las diputaciones, aunque no aclaró cúal será su postura en la votación. GARA.
