Organizaciones feministas de distintos ámbitos, así como sindicatos y agentes sociales de todo tipo, mostraron ayer en una rueda de prensa celebrada frente a la oficina contra la violencia de género de Lakua, en Bilbo, el rechazo «frontal y absoluto» contra el Anteproyecto de Ley de Prevención de la Violencia Machista que quiere aprobar el Gobierno de López.

Las portavoces feministas denunciaron en principio que el citado proyecto «se ha tramitado sin publicidad suficiente, sin debate ni participación ciudadana», por lo que acusaron al Gobierno de López de «falta de transparencia» y de «dejar de lado» a las organizaciones feministas en el debate previo.

Estas plataformas consideran que el anteproyecto de Lakua «promueve una separación de las políticas de igualdad y las dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres». A su juicio, «es imposible combatir y prevenir esa violencia» sin «abordar sus causas» y sin vincular estas actuaciones públicas al «desarrollo y la implementación de políticas de igualdad»

Por ello, consideran que «la responsabilidad en esta materia no puede recaer» exclusivamente en manos de Interior, «ninguneando el trabajo de las instituciones creadas para trabajar a favor de la igualdad». En su opinión, el modo de abordar la violencia contra las mujeres debe ser «multidisciplinar, coordinado y complementario» con las políticas o medidas que se tomen desde las instituciones.

Los colectivos que apoyan esta causa, aun reconociendo la necesidad de que el Departamento de Interior de Lakua participe, opinan que atribuir toda la responsabilidad al departamento que dirige Rodolfo Ares supone «policializar» el problema y «errar de nuevo en el enfoque». Le emplazan a abordar «las causas tanto como las consecuencias y abordarla integrando múltiples perspectivas»

Ni derechos ni recursos

Las convocantes de la rueda de prensa denunciaron que el planteamiento de esta nueva ley «refleja un excesivo proteccionismo y paternalismo para con las mujeres», que, en su opinión, «redunda en mayor victimismo e inseguridad».

En la línea anterior, y analizando más pormenorizadamente el anteproyecto, consideraron que este anteproyecto «no amplía derechos» para las mujeres víctimas «ni genera nuevos recursos». En su opinión, no hace sino «aglutinar recursos» sin incidir «en los cauces para su mejora», reivindicación esta «de todas las organizaciones feministas y agentes que intervienen en esta problemática», sentenciaron.

Ante esta situación, exigieron al Gobierno de López «la paralización inmediata» del proyecto, para dar paso «urgente» a un «debate público sobre cómo abordar la violencia contra las mujeres». Consideran que es «indispensable» el «compromiso de las instituciones» y la «participación de las organizaciones feministas y equipos técnicos, quienes se manifestaron de forma tajante contra el proyecto», recordaron.

Aprovecharon para valorar, a preguntas de los periodistas, la reforma del aborto impuesta por el Gobierno de Rajoy, que calificaron de «negativa», aunque prefirieron «centrar el debate» en la CAV, donde, a su juicio, «durante estos años bajo mandato del PSE se ha retrocedido enormemente en derechos y libertades para las mujeres». En ese sentido, dejaron entrever futuras movilizaciones o actos de protesta, aunque sin entrar en mayores concreciones por el momento.