A la derechona siempre le ha parecido bien todo lo que sea represión contra la disidencia política, y si esta es vasca, mejor. Y no ahorran en elogios hacia los suyos, pero marcando el terreno.

Ayer «La Razón» aplaudía la actitud del Gobierno español, pero para que no se le ocurra dar pasos en la dirección de la resolución del conflicto. Así, afirmaba en su editorial, titulado «No es venganza, es justicia» que suena a excusatio non petita, que el Gobierno de Madrid «ha apostado con decisión por mantener la política de la derrota de ETA», y lo dejaba claro: «No habrá atajos ni lecturas retorcidas de la legalidad». Es curioso, porque la actual política penitenciaria de excepción aplicada a las presas y presos políticos vascos es consecuencia precisamente de una lectura más que retorcida de la legalidad. Continuaba diciendo que «En este contexto, la denominada doctrina Parot es un instrumento fundamental de la política antiterrorista que ha impedido en estos años la salida prematura de asesinos condenados a cientos de años de prisión». La salida prematura no, la que les correspondía según la legislación vigente cuando fueron juzgados.

Después decía que «una veintena de presos de ETA podrán dejar la cárcel a lo largo de 2012, salvo que se les aplique la citada doctrina, un precepto tan lógico como garantista que supone que los beneficios penitenciarios se resten del total de la pena y no del máximo tiempo de estancia en prisión marcado en estos casos por el Código Penal de 1973, que era de 30 años». Es decir, una arbitrariedad que supone alargar el tiempo de prisión a decenas de personas aplicándoles de forma retroactiva una nueva interpretación de la ley. Y proseguía diciendo que la aplicación de la doctrina 197/2006, en la práctica la cadena perpetua encubierta, «no se trata de una cuestión de venganza, sino de justicia y de dar la batalla jurídica y política necesaria para que ETA no acumule nuevos triunfos a los que ya ha logrado en estos últimos meses». A los ejecutores y responsables de la violencia del Estado no han tenido que aplicarles esa «justicia» a la española, porque ni han pisado la cárcel, y a los pocos que lo han hecho, de refilón, no les han aplicado ni la legalidad ordinaria. Pero eso a «La Razón» le parece estupendo.